Como estaba previsto, el presidente del Gobierno aprovechó su comparecencia, a petición propia en el Congreso, aunque la sesión se celebró en el Palacio del Senado por las obras en la Cámara Baja, para anunciar el Plan Nacional de Regeneración Democrática que esbozó durante el Debate sobre el estado de la Nación, en febrero.
Un plan que, dijo, "deseamos alcance el mayor nivel de consenso" y que se concretará en "media docena de textos legales".
La primera de estas normativas será una Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos que, en palabras de Rajoy, contendrá el procedimiento obligatorio de aprobación de cuentas en los estatutos de todos los partidos. Cuentas que deberán ser depositadas en un registro público.
Esta Ley regulará también la figura del responsable de la gestión económico-financiera de los partidos y su comparecencia anual en esta Cámara, así como los procedimientos de contratación por parte de los partidos, la retención de los pagos de subvenciones si las cuentas no se presentan, la publicidad de las subvenciones, la mejora del régimen sancionador en materia de financiación y el aumento de los plazos de prescripción.
Contratos públicos
En segundo lugar, una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, que busca una más amplia fiscalización de las donaciones, los ingresos y los gastos, tanto de los partidos políticos como de la fundaciones vinculadas al mismo.
El tercer punto será la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público, para fortalecer el régimen de prohibiciones de contratación con el sector público a todas las personas, tanto físicas como jurídicas, condenadas por delitos relacionados con la corrupción.
Nueva será también la Ley Reguladora de las Funciones Políticas, que el presidente enumeró en el cuarto lugar de las medidas del Plan, y que establecerá las retribuciones de los cargos públicos de la Administración General del Estado, regulará la publicación de las declaraciones tributarias de bienes y de actividades de los mismos y la realización de auditorías de su situación patrimonial al final de su mandato, entre otras cuestiones.
Un quinto apartado será la reforma del Código Penal, cuyo objetivo es el endurecimiento de las penas asociadas a los delitos relacionados con la corrupción, incluyendo nuevas figuras como la financiación ilegal. Se mejorará, igualmente, el control de la falsedad deliberada de sus cuentas por parte de los partidos políticos, o el enriquecimiento injustificado de los cargos públicos electos.
Defensa de la política
Por último, el paquete de propuestas para la regeneración democrática incluirá una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal porque "lo verdaderamente eficaz de la lucha contra la corrupción es la agilización de los procedimientos judiciales en los que se enjucia este tipo de delitos, unido a una especialización por parte de quien deba enjuiciarlos".
"Estoy convencido de que la modificación de penas, plazos y procedimientos acabará con esa cierta sensación de impunidad que tanto irrita a la sociedad española", concluyó Rajoy, quien calificó de "radicalmente falsa" la creencia en la calle de que la corrupción está extendida por todo el sistema y afecta a la mayoría de las instituciones, partidos y personas.
"Debo reiterar mi convicción de que la inmensa mayoría de quienes se ocupan de la política, lo hacen al servicio de sus creencias y convicciones y al margen de intereses espurios", recalcó el presidente, quien extendió esta creencia a todos los partidos. "Yo no creo que el impulso a la corrupción tenga un sesgo genético hacia la izquierda o hacia la derecha. Creo que pueden ser corruptas las personas, pero no las idelogías", apostilló.
Entidades
Cómos se financian