El juez que investiga el Caso Palau de la Música, Josep María Pijuan, ha dado por concluidas las diligencias y ha solicitado la apertura del juicio oral contra Fèlix Millet y Jordi Montull, los saqueadores confesos del Palau de la Música. En el auto emitido, el juez también hace suyos los argumentos presentados por el fiscal y mantiene la tesis de que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) cobró comisiones millonarias a través del Palau. En concreto, el partido que preside Artur Mas obtuvo 5,1 millones de euros, según el escrito.
El auto argumenta que la constructora Ferrovial "pagó comisiones por adjudicaciones de obra pública". De hecho, asegura que CDC y Ferrovial establecieron "un acuerdo" que se inició "al menos en el año 1999" y que estuvo vigente durante una década. E
l sistema de pago descrito por el juez consistía en que Ferrovial camuflaba como donaciones al Palau lo que, en realidad, eran comisiones ilegales a una formación política. La compañía "por regla general" abonaba "una comisión del 4 % del importe de la obra pública adjudicada". De este porcentaje, el 2,5 por ciento era desviado a Convergència, mientras que el restante 1,5 % era cobrado por Millet y Montull como pago por los servicios prestados.
El juez también describe las fórmulas de cobro utilizadas por CDC. En concreto, habla de tres mecanismos: mediante entregas en efectivo a los tesoreros del partido, mediante facturas falsas de diversas empresas y mediante convenios de colaboración aparentes suscritos entre el Palau y la Fundación Trias Fargas, ligada a Convergència. Por este motivo, Pijuan mantiene la imputación del extesorero de Convergència Daniel Osácar y del exdiputado nacionalista Jaume Camps, a los que considera receptores de las comisiones.
El juez no imputa a ningún otro representante del partido aunque admite la participación en la trama de "otros altos responsables del partido que ejercieron el necesario ascendiente sobre los cargos públicos de la Generalitat de Cataluña y otros organismos públicos locales, vinculados al partido y que tenían la facultad de decidir las adjudicaciones de obra pública".
Por este motivo, el magistrado considera que CDC es responsable civil a título lucrativo. El partido ya tiene embargada su sede principal en Barcelona para hacer frente a la fianza de 3,2 millones impuesta por el juez Pijuan
Por parte de Ferrovial, los imputados son Pedro Buenaventura (director de la constructora en Cataluña hasta el año 2000) y Juan Elizaga, director de relaciones institucionales.
Con nombre y apellidos
En su escrito, el juez describe con detalle cuatro adjudicaciones otorgadas por los Gobiernos de Jordi Pujol a Ferrovial Agroman. Las dos más importantes son la construcción de la Línea 9 del Metro de Barcelona, adjudicada a una UTE participada en un 20 por ciento por ferrovial Agroman por la empresa pública Gestió d'Infraestructures (GISA).
Ferrovial se adjudicó los contratos correspondientes a nueve tramos por valor de 890 millones de euros. El segundo caso es la construcción de la Ciutat de la Justicia de Barcelona, adjudicada a una UTE participada en un 20 por ciento por Ferrovial Agroman por GISA. La adjudicación se realizó el 22 de julio de 2003 por un importe de 263 millones.
Ayer el portavoz de la Generalitat, Fracesc Homs, negó el cobro de las comisiones y se escudó en la acusación del Palau de la Música que no considera a CDC implicada.
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CDC lo niega todo
