De los 20 nuevos imputados la semana pasada por la juez Mercedes Alaya en el caso ERE, la gran mayoría son hoy altos cargos del Gobierno andaluz o de sus empresas públicas, aparte de la exministra Magdalena Álvarez. A todos ellos les pagará la Junta de Andalucía los gastos derivados de su defensa en el caso, como confirmó el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel Vázquez. La
Algo que levantó ayer un fuerte revuelo, ya que en el auto de la imputación la juez deja entrever precisamente que es la ilegal la utilización de fondos públicos mediante figuras presupuestarias opacas por parte de todos ellos, la que permitió el fraude cometido entre 1999 y 2012 -Alaya ha ampliado el periodo investigado inicialmente, de 2001 a 2010-.
Vázquez recordó que un decreto del año 2000, que regula el funcionamiento del gabinete jurídico del Gobierno andaluz, establece que los letrados de la Junta "podrán representar y defender" a los trabajadores públicos "siempre que se trate de actos u omisiones realizadas en el ejercicio de sus cargos cumpliendo el ordenamiento jurídico o las órdenes de sus superiores, y que se conceda la autorización correspondiente, previo informe del Gabinete jurídico, por el titular de la consejería de quien dependa el afectado".
¿Quiénes se benefician?
Es decir, que las consejerías de Presidencia, que dirige Susana Díaz; Economía, a cargo de Antonio Ávila; o Fomento, que controla Elena Cortés (IU), tendrán que aprobar esa defensa pública de los imputados. El citado decreto señala además que la Junta podrá incluso contratar servicios jurídicos externos para proporcionar esa asistencia a sus altos cargos en caso de que la posición procesal de la propia Junta fuera incompatible con su defensa por parte de su gabinete jurídico.
Algo que en este caso no se produce, ya que la Junta de Andalucía está personada como acusación, fundamentalmente para conocer la evolución del proceso ya que su actitud no ha servido hasta ahora -a tenor de las críticas recibidas por la Guardia Civil y la juez- para agilizar o profundizar en la investigación, sino para ralentizarla.
Otros ejemplos
La Junta ya venía defendiendo a otros exaltos cargos imputados como Daniel Alberto Rivera, el director general de Empleo nombrado por el actual presidente, José Antonio Griñán, y que fue el primer alto cargo de un ejecutivo del actual presidente imputado en el sumario de los ERE. Rivera sigue trabajando actualmente en la consejería de Economía y Empleo tras abandonar su cargo hace un año después de las elecciones autonómicas, y la Junta puede seguir pagándole esa defensa al ser funcionario en activo.
Otros exaltos cargos de la Administración como el exviceconsejero de Empleo, Agustín Barberá; el exconsejero del ramo, Antonio Fernández; o el exdirector general de Empleo que gestionó el fondo de reptiles, Francisco Javier Guerrero, se pagan sus propios abogados desde el inicio del caso.
Entidades
La defensa de los altos cargos