La instrucción del caso ERE ha dado un "paso cualitativo" hacia adelante, como la propia juez Mercedes Alaya señala en el auto de ayer en el que imputa a 20 cargos y exaltos cargos del Gobierno andaluz desde inicios de siglo hasta la actualidad. Entre ellos, la exministra de Fomento entre 2004 y 2009, Magdalena Álvarez, hoy vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Ya son casi un centenar los imputados en el mayor caso de corrupción de la historia de Andalucía, entre ellos otro exconsejero, Antonio Fernández, de Empleo, entre 2004 y 2009. La Junta y Chaves, "prudentes"
La clave de la imputación de Álvarez está en el periodo en el que fue consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía: de 1994 a 2004, años en los que el presidente era Manuel Chaves. En 2004 fue sustituida, tras las autonómicas de ese año, por José Antonio Griñán, quien ocupó la cartera de Hacienda hasta 2009 y pasó entonces a ser presidente de la Junta. Ninguno de los imputados ayer es aforado, lo que permite a Alaya proseguir con la instrucción.
El anuncio de Griñán
Justo la semana pasada, Griñán anunció que renunciaba a ser candidato del PSOE en las autonómicas previstas para 2016 y convocó un proceso de primarias. Lo hizo en el Parlamento de Andalucía, y el PP andaluz, a través de su presidente, Juan Ignacio Zoido, le preguntó en ese momento si disponía de alguna información judicial que no fuera pública y explicara ese paso atrás. La imputación de su antecesora, que le deja en una posición muy delicada judicialmente, podría ser esa información.
Procedimiento opaco
Durante sus ocho años de mandato en la Junta como consejera de Hacienda se produjo la génesis e inicio del macrofraude de los ERE, en concreto con la firma en 2001 del convenio entre la consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía por el que la primera aprobaba los ERE y la segunda los abonaba. Ese convenio generó una mecánica de empleo del dinero público por la que la consejería realizaba transferencias de financiación en favor del IFA -luego redenominado agencia Idea-, que era quien abonaba las prejubilaciones y las ayudas a empresas. Con este sistema, ese gasto quedaba excluido de la fiscalización previa de la Intervención General de la Junta, y el detalle de los expedientes a los que respondía permanecía oculto a los fiscalizadores internos del Gobierno andaluz.
Esa opacidad es la que provocó la inclusión de hasta 70 intrusos en esos ERE que han cobrado 17 millones en pólizas de prejubilación; el pago de sobrecomisiones a intermediarios que actuaban en esos ERE por al menos 50 millones más; y el pago de ayudas directas a empresas y ayuntamientos por otros 70 millones. Esos 140 millones son la suma de dinero defraudado sobre un total de 730 millones utilizados entre 2001 y 2010, cuyo coste total por las refinanciaciones será de unos 1.200 millones.
Sobre Álvarez, señala literalmente Alaya en el auto: "fue la persona que dictó las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación a través de la orden de 4 de junio de 2003". Entre 1999 y 2001, esas transferencias no aparecían recogidas en los presupuestos, señala el auto, pero los pagos para ayudas sociolaborales salían igualmente de transferencias de ese tipo que procedían de modificaciones presupuestarias.
Álvarez "no conocía" a Guerrero
La hoy directiva del comité ejecutivo del BEI -tercer órgano en el escalafón de esta institución- ya declaró hace ahora un año en la comisión de investigación parlamentaria sobre los ERE. En ella eludió toda responsabilidad, aseguró que nunca trató sobre los ERE y su financiación en el consejo de Gobierno, y dijo que no se acordaba de nada de lo que había hecho durante sus ocho años como consejera por el tiempo transcurrido.
La imputación de Álvarez, y de su viceconsejero y luego presidente de Renfe, José Salgueiro, deriva de esta argumentación indiciaria, a lo que se suma que todo titular de una consejería de Hacienda debe "velar por la ejecución del Presupuesto y por los derechos económicos de la Hacienda de la comunidad, ejerciendo todas las acciones económico-administrativas y cualquiera otras que la defensa de tales derechos exija", según la Ley General de Hacienda Pública de Andalucía que cita el auto de ayer.
Griñán, el cebador
Manuel Gómez, exinterventor general de la Junta entre 2000 y 2010, es otro de los imputados de peso. En la citada comisión de investigación, Gómez ya detalló las 17 advertencias de distinto tipo que lanzó desde 2003 sobre ese procedimiento de gestión de los pagos a los ERE. Posteriormente, en entrevistas y cartas a los diputados andaluces, ha acusado directamente a Griñán de "cebar sin descanso la corrupta partida de los ERE", la partida 31.L del presupuesto andaluz, rebautizada como fondo de reptiles por el exdirector general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, que la gestionó desde 20001 a 2008.
Entidades
Magdalena Álvarez imputada por los ERE