Política

El Partido Popular acapara el mayor poder en la historia de la democracia

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno español.

El Partido Popular nunca ha ostentado tanto poder en democracia. No solo en el Parlamento: las instituciones más importantes del país, algunas en las que tradicionalmente se ha intentado separar todo cariz político, cuentan en la actualidad con personas muy cercanas a la formación que lidera Mariano Rajoy.

Las urnas concedieron al PP una mayoría absoluta en el Parlamento, y el partido sigue aglutinando el mayor número de afiliados en todo el país: 900.000 frente a los 400.000 del PSOE, en plena crisis de militancia. 

Según relata el diario El País, la holgada mayoría parlamentaria ha permitido al PP sacar adelante el mayor número de reales decretos: en su primer año de gobierno aprobó 29, cuando la media en la historia de la democracia española es de 14.

El PP también ejerce el control del Senado, con lo que puede activar el veto a comparecencias en el Congreso.

El poder judicial, ¿independiente?

En el poder judicial, el Partido Popular contará, a partir de septiembre, una cercanía patente con su ideología. El Consejo del Poder Judicial, que se renueva en septiembre, contará con mayoría conservadora.

Lo mismo sucede con el Tribunal Constitucional, cuyo presidente será Francisco Pérez de los Cobos, un magistrado que ha expresado opiniones muy cercanas al PP sobre asuntos que ahora tendrá que resolver, como la reforma laboral o la consulta soberanista en Cataluña.

Se rompe la regla del defensor del pueblo

El defensor del pueblo ha sido, tradicionalmente, una figura objetiva y desligada de las formaciones políticas, necesaria para ejercer un control sobre las actuaciones de la Administración, como relata El País. Sin embargo, la elección de Soledad Becerril ha roto la regla no escrita, ya que se trata de una exdiputada del PP.

El Consejo de RTVE tiene en la actualidad una representación única del PP, ya que el PSOE renunció a toda representación en gesto de protesta por la modificación de una normativa que permite renovar este órgano sin consenso.

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