El 'caso Bretón' ha reabierto el debate público sobre la efectividad del tribunal popular contemplado desde 1995 en la legislación española. Una figura controvertida, máxime cuando se trata de casos tan mediáticos como éste donde el propio acusado ha intentado recurrirlo sin éxito.
Pero más allá de las discrepancias sobre este modelo de jurado, el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad del País Vasco y presidente de la Asociación pro Jurado, Antonio María Lorca Navarrete, advierte que hasta el momento el papel de los nueve jueces populares "está siendo nulo" y "obvia elementos que debiera tener esta modalidad de participación ciudadana en la justicia".
En concreto, destaca la ausencia de las pruebas circunstanciales, imprescindibles como piezas de convicción. En este punto se refiere a los restos óseos humanos hallados en la finca Las Quemadillas, propiedad de los padres de José Bretón, que a su juicio deberían estar expuestos.
"El proyecto de veredicto se hace en estos casos a base de convencer al jurado", explica Navarrete quien añade que la ausencia de interacción de los abogados de ambas partes con el tribunal es un síntoma más de que "es una pantomima" y "que nada lo diferencia de un juicio con jurado profesional".
Otro de los puntos en los que incide el catedrático vasco es en el hecho de que Bretón entrase esposado en su declaración el pasado lunes y fuese su abogado quien solicitase la retirada de las mismas, "esta circunstancia no puede ocurrir en los casos de un proceso con jurado popular". Asimismo, critica la disposición de la sala que impide la visualización completa entre los actores.
Intromisión de la opinión pública
Navarrete en cambio no considera obstáculo alguno el componente mediático del caso para garantizar la imparcialidad del jurado y explica cómo los jueces profesionales no están tampoco de espalda a la polémica de la calle y no por ello inclinarán la balanza de un lado u otro. Para justificar este discurso también dirige la mirada a otros casos con gran repercusión. "Las instrucciones interminables de los ERE de Andalucía, el caso Bárcenas o Urdangarin ya están juzgados por la ciudadanía".
Esta dilatación temporal no ocurre en los casos de jurado popular, explica el abogado ya que la instrucción la asume la Fiscalía y no existe la posibilidad de que el juez lleve a cabo más pesquisas judiciales.
Entidades
Ruth contradice la versión de Bretón