
El Gobierno impedirá por ley que las comunidades autónomas legislen por su cuenta y establezcan diferencias en áreas exclusivas del Estado, como el acceso a los medicamentos o en sus precios. El Congreso da luz verde a la reforma de la Ley del medicamento
Para ello, la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados aprovechó ayer el proyecto de ley que incorpora las directivas europeas sobre farmacovigilancia y protección para aprobar una serie de enmiendas a la Ley del Medicamento de 2006, con el fin de frenar medidas autonómicas como la tasa de un euro por receta aplicada en Cataluña y Madrid o las subastas de medicamentos de Andalucía, que están recurridas ante el Tribunal Constitucional.
El dictamen del proyecto, aprobado con los votos del PP y UPyD y la abstención de los grupos nacionalistas CiU y PNV, precisa las competencias del Estado en farmacia al señalar que el precio industrial de los medicamentos no podrá ser alterado "salvo en el caso de que dicha modificación consista en un descuento porcentual o lineal aplicable en todo el territorio nacional". El PP tuvo que precisar su propuesta inicial para circunscribirla al ámbito de la farmacia, ya que su aplicación efectiva podría invalidar las compras centralizadas de los hospitales, tal y como indicó el grupo parlamentario socialista, que introdujo ayer una nueva duda sobre el alcance de la enmienda al plantear que podría afectar a las bonificaciones que reciben las farmacias en la compra de medicamentos.
El proyecto de ley reserva además al Estado la definición de precios o autorización de medicamentos y establece que las medidas autonómicas "no producirán diferencias en las condiciones de acceso a los medicamentos y productos sanitarios financiados por el Sistema Nacional de Salud, catálogo y precios", y "serán homogéneas para la totalidad del territorio español". El Gobierno quiere así vacunarse contra las distintas iniciativas autonómicas que están produciendo "distorsiones en el mercado único de medicamentos y productos sanitarios", según señala el texto que debe superar el trámite parlamentario del Senado para aprobarse en el último Pleno del Congreso antes de verano, según la intención del Ejecutivo.
Andalucía desafío ayer mismo los cambios introducidos en la regulación al anunciar la convocatoria de la tercera subasta pública de medicamentos, el polémico procedimiento para seleccionar medicamentos por principio activo para su dispensación en exclusiva en la farmacia. Esta medida ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Ejecutivo en tres ocasiones y está pendiente de resolución.
Otra de las enmiendas aprobadas ayer bloqueará la creación de los llamados equivalentes terapéuticos por parte de las regiones. Sólo el Ministerio de Sanidad podrá fijar posición en informes vinculantes para establecer comparaciones entre medicamentos para todo el Sistema Nacional de Salud.
Por último, se modifica la ley del medicamento para incluir a los fisioterapeutas entre los profesionales que pueden recetar productos sanitarios y medicamentos sin receta y a los podólogos entre los sanitarios que pueden recetar medicamentos de prescripción.