
La huida hacia delante de Artur Mas prosigue tras el ridículo electoral del pasado 25 de noviembre, que forzó a CiU a apoyarse en ERC para gobernar y a adoptar un programa de gobierno incongruente con su propio ideario: ahora, acosado por el 'caso Palau' y por la petición de explicaciones de la oposición -Ciutadans le ha afeado que en la política catalana haya mafias y "pactos criminales"-, ha negado cualquier responsabilidad. Según el presidente de la Generalitat, el informe de la fiscalía que habla de "pacto criminal estable" para financiar de manera irregular a CDC "no es cierto".
Y ha cargado como es habitual contra la fiscalía, desempeñada por el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled: "La palabra de la Fiscalía no es palabra de Dios. Se ha equivocado muchas veces, y estoy convencido que esto también será un error", ha manifestado Mas, quien ha accedido a comparecer de forma extraordinaria en el Parlament antes de que acabe el periodo de sesiones.
Lo que ocurre es que los hechos son tozudos. El 'caso Palau', que durmió al principio una siesta inconcebible a manos de la justicia, posiblemente a causa del ruido ambiental y del escaso empuje de su primer instructor, va ahora inexorablemente hacia su desenlace con un acúmulo de pruebas sobre la mesa. Hay conversaciones grabadas, correos electrónicos y otras evidencias que parecen demostrar una connivencia estrecha entre las constructoras y la administración catalana, con la intermediación de Millet y Montull, ambos en el Palau de la Musica, viviendo literalmente a cuerpo de rey. En cualquier caso, y como es obvio, rige la presunción de inocencia y no habrá responsabilidades penales hasta que las consagre una sentencia firme.
Magma de corrupción
El hecho de que CDC esté embarrancada en un magma de corrupción, con el 'caso Palau' que implica indirectamente a la alta burguesía barcelonesa abierto en canal y con el secretario general del partido, hijo del patriarca Jordi Pujol, inculpado personalmente en un asunto grave de presunto tráfico de influencias, deja evidentemente a Mas en situación de gran precariedad. Entre otras razones, porque podría pensarse que el afán por conseguir la secesión no se debe tanto a móviles románticos cuanto al deseo de salir de alcance de la Agencia Tributaria y del sistema judicial español.
Asimismo, es claro que el sector más exigente del electorado nacionalista no puede cerrar los ojos ante la evidencia de que el liderazgo independentista está fuertemente contaminado por la falta de limpieza de la gestión política, algo que debe irritar a todas las personas de bien, sea cual sea su colorido político.
También la corrupción rampante dificulta, como es natural, el diálogo interinstitucional: Mas, a la defensiva, pierde peso ante el Gobierno del Estado cuando sus fundamentos éticos y los de la organización que dirige comienzan a tambalearse.