La juez Mercedes Alaya levantó hace dos semanas el secreto del sumario de la mayoría de las investigaciones desarrolladas durante los últimos siete meses por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil para averiguar el destino último de los, hasta ahora identificados, 50 millones de fondos públicos defraudados sobre una partida total de 1.200 millones utilizados para financiar ERE, empresas con problemas y a algunos ayuntamientos del PSOE entre 2001 y 2010. Drogas, paraísos fiscales y sobres
A ellos se suman los 17 millones que la propia Junta estima que cobraron unos 70 intrusos -personas que nunca trabajaron en las empresas que presentaban ERE en los que fueron incluidos- y cuya devolución ha pedido en la mayoría de los casos: ha recuperado ya 5,3 millones.
Este levantamiento del secreto ha permitido conocer detalles sobre quiénes eran los testaferros de las empresas utilizadas y el modus operandi de las mismas para que los intermediarios y comisionistas, y también algunos ex altos cargos de la Junta de Andalucía, accedieran al dinero defraudado; ha permitido saber que los sindicatos CCOO y UGT, piezas clave del fraude, cobraron no 4 sino hasta 7,6 millones por no hacer prácticamente nada en la gestión de esos ERE, más allá de estar presentes en las negociaciones de todos ellos en connivencia con la Junta y las intermediarias Uniter y Vitalia.
Precisamente el jueves pasado, la Fiscalía Anticorrupción pidió a ambos sindicatos las facturas detalladas de los trabajos realizados que justifiquen los cobros recibidos de Uniter (3,2 millones) y Vitalia (4,3 millones), que se repartieron prácticamente a partes iguales entre ambas centrales.
Injerencias
La parte de la instrucción ahora conocida recoge también que, fruto del entramado creado por Vitalia y que ha sido investigado en Cataluña como parte del sumario por la quiebra de Eurobank, matriz de Vitalia, el dinero cobrado ilícitamente del fondo de los ERE por esta empresa acabó en empresas de Luxemburgo, Rumanía y República Dominicana. Vitalia cobró sobrecomisiones por 21,2 millones, según estima la Guardia Civil, que son parte de los 50 millones de euros citados.
No obstante, fuentes cercanas a la operación señalan que parte de las investigaciones mantienen el secreto de sumario. La juez habría contentado, con este levantamiento parcial a quienes, desde el propio presidente de la Junta, José Antonio Griñán, pasando por su consejero de Justicia, el también fiscal Emilio Llera, hasta el propio presidente del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner y su homólogo en el Superior Andaluz, Lorenzo del Río, piden celeridad a la instructora para que agilice las declaraciones pendientes.
Moliner llegó a decir, tras visitar el juzgado de Alaya con Del Río el pasado 25 de mayo, que no veía "normal ni aceptable" el retraso en la toma de declaración a determinados imputados. Las tres asociaciones profesionales de jueces y magistrados criticaron a Moliner, que después de esa visita se fue a comer con Griñán a la sede de la Junta. Palabras desafortunadas, ya que Moliner no ha dicho una palabra sobre otros casos relevantes en Andalucía que acumulan mucho más retraso que este.
De fondo, la petición de celeridad incluye la designación de nuevos imputados, ya que Griñán -y Llera, y la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, lo han pedido públicamente- quiere que uno de ellos sea el exconsejero de Empleo y firmante del convenio que autorizaba el método opaco de pago de los ERE en 2001, José Antonio Viera. Diputado en el Congreso desde 2011, su imputación derivaría el caso, al ser aforado, hasta el Supremo, donde parece que el presidente andaluz se sentiría más cómodo que con Alaya.
Sin embargo, el conocimiento de las investigaciones, o parte de ellas, desarrolladas en los últimos siete meses abre más frentes de los que cierra. Y eso que quedan aún por declarar varios de los 22 nuevos imputados como consecuencia de la operación Heracles, que trata de determinar precisamente dónde acabaron en último término los 50 millones defraudados por la trama criminal, como la ha denominado la propia juez.
Anticorrupción, en la petición del pasado juez sobre los pagos a los sindicatos, ya abogaba por "avanzar" en la instrucción de la causa a fin de "permitir el mayor reintegro posible de fondos públicos indiciariamente malversados".
Juan Lanzas
Mientras Alaya termina de interrogar a los 22 detenidos en Heracles, Anticorrupción pidió también el jueves a Alaya otras dos vías de investigación. Con respecto al destino último del dinero, pidió a entidades financieras y al servicio de prevención del blanqueo de capitales del Banco de España (Sepblanc) datos y detalles sobre el flujo de dinero entre el bufete sevillano Villasís y Juan Lanzas, principal conseguidor de los ERE que habría cobrado fraudulentamente 13 millones de las sobrecomisiones pagadas por la Junta a Vitalia y Uniter.
Sobre quiénes estaban en la cúspide del fraude, más allá del exconsejero de Empleo imputado, y en libertad con cargos tras pasar por la cárcel, Antonio Fernández, y el citado Viera, Anticorrupción pide a la juez que solicite a la Cámara de Cuentas "copia de los trabajos de campo" realizados por los técnicos de este ente fiscalizador para redactar su informe especial sobre los ERE.
Es la tercera vez este año que el fiscal hace esta petición. En un borrador previo al informe final se señalaba al papel de la Consejería de Economía entre 2011 y 2010 al ampliar en 125 millones el fondo de reptiles en ese periodo incumpliendo la normativa contable y presupuestaria de la Junta. Una referencia clave que no aparece en el informe final. El actual presidente Griñán fue consejero de Economía y Hacienda de 2004 a 2009.
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