La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, asegura que en la exposición razonada que el juez del 'caso Nóos' ha elevado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) para que le investigue tanto a ella como al expresidente de la Generalitat Francisco Camps, hay "alguna falsedad determinante" y "juicios de valor" que considera que "no caben" en este tipo de escritos, donde "lo que caben son las pruebas". Barberá ha insistido: "no he firmado nada, no he votado nada y no he decidido nada". | El juez acusa a Camps y Barberá de "adjudicar a dedo" en el 'caso Nóos'.
Así lo ha dicho en una comparecencia ante los medios de comunicación, mientras se celebraba el pleno ordinario del Ayuntamiento de mayo, tras conocer el escrito del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, que ve indicios racionales de que Camps y Barberá incurrieron en presuntos delitos continuados de malversación, prevaricación, fraude a la Administración y falsedad en documento oficial.
Barberá ha asegurado que asiste "con cierta sorpresa" a la redacción del escrito del juez "desde el máximo respeto a la decisión judicial y también desde la discrepancia" por una "razón fundamental", que es, según ha dicho, que le permite "de una manera clarísima" ratificarse en sus argumentos que ya ha expuesto en otras ocasiones en relación a este tema.
A su juicio, en la exposición razonada hay "alguna falsedad determinante y algunos juicios de valor que me parecen que no son propios de articular en un escrito de investigación por posible delito". "Los juicios de valor no caben, y lo que caben son las pruebas", ha dicho, para reiterar el carácter privado de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, que según la alcaldesa fue la entidad que decidió sobre la celebración del Valencia Summit.
Doblegados ante el duque
Por su parte, José Castro subraya, en la exposición razonada que este viernes ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), cómo la contratación del Instituto Nóos de cara a impulsar el Valencia Summit respondía "sólo al deseo" del expresidente de la Generalitat Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, de "doblegarse a las exigencias de Don Iñaki Urdangarin en atención a su parentesco con la Casa de S.M. El Rey".
Así de tajante lo expone el magistrado en el escrito que ha elevado al TSJCV a fin de que éste asuma la competencia para instruir la parte del caso Nóos relacionada con la supuesta "participación delictiva" de Camps y Barberá en las negociaciones del anterior evento, por cada una de cuyas ediciones (2004, 2005 y 2006) Nóos percibió 1,044 millones de euros, cuando su valor real, según los investigadores, rondaba los 300.000 euros.
Y es que, tal y como asevera el juez en su exposición, de 70 páginas de extensión, las contrataciones de Nóos fueron actos "estrictamente voluntaristas en la medida en que no obedecían a procurar el interés general" sino "sólo al deseo de doblegarse a las exigencias, que por muy cortésmente que se planteasen no dejaban de serlo", del Duque de Palma, a cuyas pretensiones Camps "entendía que era obligado acceder en atención a que era el yerno de S.M. El Rey".
Saltarse procedimientos
El juez recalca el hecho de que, sin que se iniciara "absolutamente ningún procedimiento administrativo de contratación" y "en exclusiva atención" a que por parte de Camps era "hartamente conocido" que al frente de Nóos estaba Urdangarin, el expresidente valenciano "entendía que era obligado acceder [a las pretensiones del Duque] en atención a que era el yerno de S.M. El Rey".
Asimismo, alude a la presunta intervención de Camps en las negociaciones de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar pero por los que Nóos percibió 382.000 euros del gobierno valenciano. Al respecto, el instructor recuerda cómo el empresario Miguel Zorío, a quien "se atribuía la paternidad de la idea", obtuvo "con una rapidez que se advierte fuera de lo común" una reunión con Camps en septiembre de 2005, a la que también asistió Urdangarin.
Un encuentro en el que la presencia del Duque de Palma, según el juez, "no tenía más explicación que hacer desvanecer cualquier obstáculo que pudiera presentarse" y obtener "la fáctica contratación del encargo, como de hecho se produjo en dicho instante". Posteriormente, relata, Camps habría encargado al entonces vicepresidente Víctor Campos que se trasladase desde Valencia a Barcelona para mantener en las instalaciones de Nóos una reunión con el Duque.
"Es impensable que un presidente de una Comunidad Autónoma comisione a su vicepresidente para contactar con un proveedor, menos aún para acudir a su despacho y menos aún si ello se obliga a desplazarse de Valencia a Barcelona", asevera Castro en el escrito, en el que considera además "fuera de lugar la intervención de Don Miguel Zorío, con quien ninguna concertación se pretendía y que, como luego se ha demostrado, sólo tenía por objeto servicios de mediación lucrativa a los que nunca se debieron prestar las autoridades".
Transcurridos pocos meses, Zorío habría hacho llegar a la Generalitat la propuesta de conseguir que Valencia sea la sede de unos Juegos Olímpicos (JJEE) "cuya aceptación, como la de cualquier otro proyecto, ya estaba cantada".
El instructor incide en que la aprobación del convenio por parte de la Generalitat no estuvo precedido de ningún estudio económico ni de mercado, aseverando que "sin el beneplácito del presidente, don Francisco Camps, no se comprende ese sometimiento [del gobierno valenciano] a las exigencias" del marido de la Infanta Cristina. "El objetivo del convenio nunca llegó a cumplirse pero las arcas de la Comunidad Valenciana se vieron reducidas en la suma de 382.203 euros", abunda.
El magistrado destaca en esta línea la "sorprendente celeridad" con la que fue tramitado este expediente en la medida en que "tres días consecutivos, navideños por demás [a finales de 2005], lo que un es un impedimento jurídico pero sí una no muy usual práctica", bastaron para que en distintos ámbitos administrativos "perfectamente sincronizados entre sí se pudiera informar, concertar y aprobar" el convenio de colaboración para la organización de los JJEE.
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