
Tras conocerse la suspensión de la imputación de la infanta Cristina en el 'caso Nóos', no es difícil, a estas alturas, presagiar que, si todo sigue como hasta ahora, también el 'caso Urdangarin' se desvanecerá, entre prescripciones e interpretaciones benévolas. Y hay que pensar que los frutos de aquellas irregularidades, en forma de bienes patrimoniales muy lujosos, siguen a la vista de todos, para escándalo de los contribuyentes.
Si así fuera y si la Justicia no lograra emplearse con toda contundencia, la monarquía quedaría irremisiblemente dañada. Conviene que tomen nota de ello quienes en este país acostumbran a ser más papistas que el papa.
Muchos pensamos que la Corona cometió un abultado error al pronunciarse cuando el juez Castro dictó el auto de imputación de la infanta Cristina, en contra de la opinión del ministerio fiscal. Y que aquel error creció al presentarse el recurso, que finalmente ha resonado como una bofetada regia al juez que meritoriamente está venciendo obstáculos para desentrañar un caso escandaloso en que, en nombre de la Corona, se produjo un saqueo intolerable de recursos públicos.
Un caso aislado
Es muy infrecuente que un tribunal tome en consideración un recurso contra la imputación de una persona en un proceso penal. También lo es que un auto de imputación tenga dieciocho folios como el que redactó el juez Castro para cubrirse las espaldas al imputar a la infanta Cristina. Y esta doble excepcionalidad deja en precario el principio axiomático de la igualdad de todos ante la ley que es el fundamento de la democracia política.
No es una valoración jurídica: políticamente, es difícil explicar que una persona tan estrechísimamente vinculada a un caso de corrupción económica no preste ni siquiera declaración durante el proceso de instrucción.
Finalmente, la Justicia se ha plegado a la presión, o cuando menos parece que así ha ocurrido. Y esta sensación, certera o irreal, ya no es reversible: la opinión pública ha confirmado para sí que hay varias varas de medir.