El Ministerio de Defensa acoge este lunes una reunión extraordinaria en la que debatirá con las asociaciones profesionales de militares sobre la libertad de expresión de los militares y en la que participará el presidente de AUME, el subteniente Jorge Bravo, que acaba de salir de un arresto de un mes por criticar en los medios los recortes de Defensa.
En la reunión, la subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud, tendrá que explicar a las tres asociaciones de militares que tienen representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (ASFASPRO) y la Asociación de Militares de Tropa y Marinería (AMTM), las "condiciones concretas" en que se produjo la sanción al subteniente Bravo, una petición que las tres hicieron de manera unánime.
Para el presidente de AUME, la asociación mayoritaria de militares, este debate es precisamente la parte positiva del arresto que le ha tenido un mes y un día en el centro disciplinario militar de Colmenar Viejo: poner "sobre la mesa la necesidad del cumplimiento de la ley en sus términos exactos".
Bravo ha insistido en que lo que defiende su asociación es que se respete la Ley de Derechos y Deberes de los militares, que establece que su libertad de expresión sólo se verá limitada por "la salvaguarda de la seguridad y defensa nacional, el deber de reserva y el respeto a la dignidad".
La aplicación de la Ley
Ahora, insiste, el "escenario más favorable" que se puede esperar de la reunión con el Ministerio de Defensa es conseguir "que se aplique la ley". Con su arresto, ha insistido, ha quedado claro "de manera muy flagrante" que "no se está teniendo en cuenta esta ley".
Por ello, ha hecho hincapié en la importancia de que el nuevo régimen disciplinario, que se tramitará próximamente en el Congreso, "cambie ya de una vez" la regulación de las libertades de los militares de acuerdo a la ley que entró en vigor en 2011.
El anteproyecto que ha presentado el Gobierno mantiene, no obstante, los límites del texto en vigor, que castiga las "reclamaciones, peticiones o manifestaciones contrarias a la disciplina" en medios de comunicación.
Rechazada su libertad