
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha defendido de las críticas por el retraso en la reforma de las administraciones públicas y de las entidades locales asegurando que son proyectos que no se preparan "en una hora" y que requieren cambios que no se han acometido en 30 años, y ha argumentado que algunas de las medidas tomadas hasta ahora ya están ayudando a contener el gasto en burocracia. El PP no se aclara con su apoyo a Rajoy y espera a lo que diga Aguirre el lunes
Esta semana, Esperanza Aguirre ha saltado a la palestra para pedir, precisamente, que el PP cumpla su programa electoral. La apuesta de Aguirre es "explorar la otra variable del déficit, la reducción de los gastos". "Ya ha llegado la hora", afirmó, antes de proponer "una reforma radical y sin precedentes de las administraciones públicas, (...) reducir el peso del sector público para que llegue el dinero a empresarios y familias para sacar a España de la crisis".
De hecho, tanto el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, como miembros del PP como Esteban González Pons defendieron luego la gestión de Rajoy.
Altura de miras
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y preguntada al respecto, la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo ha recordado que el proyecto de reforma local será presentado en unos días y que el informe sobre cómo reformar las administraciones públicas se acabará de redactar en junio. Ambos asuntos son complicados y requerirán "altura de miras" porque van a implicar importantes cambios, ha augurado. "Para hacer una tortilla hay que romper huevos", ha resumido Sáenz de Santamaría, que ha pedido "generosidad" y un "esfuerzo de entendimiento" especialmente al PSOE para llegar a un acuerdo.
Mientras ambas reformas llegan, la vicepresidenta ha argumentado que otras medidas tomadas ya están ayudando a reducir el gasto en administración pública. La primera, la ley de estabilidad presupuestaria, que obliga a cumplir objetivos de déficit, pero también el plan de reducción del sector público empresarial autonómico, la reducción del empleo público en unos 300.000 puestos desde el año pasado, la reducción de altos cargos del Estado, la eliminación de consejeros y de sus remuneraciones o la congelación salarial de los funcionarios.
Tras enumerar estas medidas, Santamaría ha defendido también que el grupo que trabaja en la reforma de la administración pública ha tenido que empezar por "hacer un diagnóstico" y que presentará algunas medidas que servirán para profundizar en el ahorro. "Supondrá un cambio de mentalidad absoluta en la gestión", ha dicho.
Pero dicho todo esto, la vicepresidenta también ha negado que los ciudadanos estén haciendo un esfuerzo mayor con sus impuestos que las administraciones para ayudar a contener el déficit y sanear las arcas públicas. Los primeros suponen el 32 por ciento de la consolidación fiscal del año pasado y la contención del gasto público, el 68%. "Dos a uno", ha dicho en varias ocasiones Soraya Sáenz de Santamaría, un reparto que ha considerado equilibrado.