El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha citado a declarar como imputado este lunes al parlamentario andaluz de IU y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, por la ocupación el pasado verano de la finca 'Las Turquillas' en Osuna, donde se ubica la Yeguada Militar del Ejército, según informaron fuentes judiciales. Sánchez Gordillo: el nuevo peligro de Griñán
La declaración de Sánchez Gordillo estaba prevista inicialmente para el pasado día 4 de abril, pero fue suspendida después de que lo pidiera el propio imputado, quien alegó desconocer la documentación al respecto y la acusación concreta que se le atribuye por este caso.
En declaraciones a los periodistas el pasado día 4 de abril, Sánchez Gordillo consideró "exagerada" la acusación puesto que, según dijo, la ocupación de la finca fue una protesta "pacífica" y un acto "de no violencia activa" que se desarrolló sin ningún incidente.
Además, reivindicó el destino de 'Las Turquillas' para cooperativas o los ayuntamientos, puesto que, según recordó, se trata de una finca para la yeguada militar del ejército y dependiente del Ministerio de Defensa de 1.200 hectáreas, la inmensa mayoría de tierra "baldía", cuando en la Sierra Sur de Sevilla los índices de paro llegan al "40 por ciento".
18 días de ocupación
Los 53 militantes del SAT denunciados, junto al parlamentario de IULV-CA Juan Manuel Sánchez Gordillo, ocuparon la finca de Las Turquillas el pasado día 24 de julio y permanecieron allí durante 18 días, hasta que fueron desalojados del lugar.
El SAT ya apuntó que la finca, dependiente del Ministerio de Defensa, tiene 1.200 hectáreas, la inmensa mayoría en baldío, dado que el Ejército sólo utiliza 20 hectáreas para la Yeguada. Por ello, pidió que "las tierras públicas pasen a concurso para que las cooperativas las puedan adquirir ahora que están en desuso".
Hay que recordar que, por medio de un auto conocido el pasado mes de febrero, el TSJA archivó una causa abierta contra Sánchez Gordillo a raíz de su actuación como piquete informativo durante la huelga general del día 29 de marzo de 2012, mientras que, en relación también a su actuación como piquete, derivó una segunda causa al Juzgado de Estepa por la posible existencia de una infracción penal calificada como falta de amenazas leves, para cuyo conocimiento no es competente el TSJA.
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