La acusación del PP andaluz sobre trabajos irregulares de Manuel Caramé, marido de la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, para el ayuntamiento sevillano de Burguillos ha centrado el debate en el Parlamento andaluz que, en principio, iba a versar sobre las opiniones de Aguayo en torno al caso de los ERE. Denuncian 41.000 euros durante cuatro años, sin hacer nada
La consejera no aclaró las dudas sobre qué trabajos concretos realizó Caramé para ese consistorio entre 2004 y 2008, por los que cobró 41.000 euros. El ayuntamiento, controlado por el PP desde 2011 tras 16 años en manos del PSOE, asegura que no ha encontrado prueba alguna de que Caramé hubiera trabajado para él en el periodo en el que cobró.
Además, Aguayo negó que la empresa que su marido controla al 100% y de la que es administrador único -Acción y Gestión de Planificación, como ayer explicó este diario- facturara al ayuntamiento otros 358.000 euros. Y ello pese a que el PP tiene facturas a nombre de esta firma para la realización de proyectos urbanísticos.
José Juan López, exalcalde socialista de Burguillos -ayuntamiento que está en quiebra y ha pedido su rescate a la Junta andaluza y el Ministerio de Hacienda, fue condenado en 2009 por delito contra el territorio. El PP trata de mostrar la relación de Caramé con esta etapa de corrupción urbanística. López afronta más juicios por acusaciones similares.
Denuncia
La consejera avanzó que ya ha demandado por lo civil, y en defensa de su honor, el PP andaluz. La parlamentaria popular Ana Corredera pidió la dimisión de Aguayo tanto por no responder de este caso, como por su supuesta responsabilidad por acción u omisión en el caso de los ERE, ya que fue viceconsejera de Hacienda con el actual presidente, José Antonio Griñán, como consejero desde 2004 a 2009.
Aguayo comparecía para explicar, a petición del PP, sus declaraciones del pasado 5 de abril en Canal Sur en las que señalaba como responsables políticos del fraude de los ERE a los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández -imputado y en libertad bajo fianza- y José Antonio Viera -diputado en el Congreso y no imputado-.
Estas opiniones, que Aguayo defendió que fueron hechas a título personal y por la "libertad de expresión que existe en el PSOE", no suponen que de la responsabilidad política puedan derivarse otro tipo de responsabilidades, como las penales, que a su juicio es lo que intenta hacer el PP manipulando sus palabras.
Corredera le respondió con varios ejemplos de pruebas que muestran, en su opinión, el conocimiento y participación de Aguayo, desde 2004, en el sistema de utilización del denominado fondo de reptiles para otorgar arbitrariamente, y sin control ni procedimiento, ayudas a empresas, ayuntamientos y a procesos de despidos mediante ERE.
Entidades
El PP señala a Griñán como 'el cajero de los ERE'