
El instructor del 'caso Nóos', el juez José Castro, ha ordenado a la Agencia Tributaria que le entregue las declaraciones de la renta realizadas durante los últimos diez años por parte de la Infanta Cristina y de su marido, Iñaki Urdangarin, una diligencia acordada en el marco de la causa que investiga la trama de captación y desvío de fondos públicos del Instituto Nóos. Además, ha señalado que aunque se haya dejado sin efecto la citación de la infanta, nada impide que sigan las investigaciones. | Cómo los fallos en la defensa de Urdangarin desembocaron en la imputación de la infanta Cristina.
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma Mallorca ha ordenado esta diligencia a la espera de que se resuelvan los recursos interpuesto contra su decisión de imputar en la causa a la infanta.
El auto dictado este jueves sirve, de hecho, para elevar a la Audiencia Provincial de Palma varias de las declaraciones prestadas durante la instrucción para que pueda resolver los recursos interpuestos tanto por la Fiscalía Anticorrupción como por la infanta contra la imputación y citación de la hija del Rey.
"Prudencia" pero investigación
Castro, subraya en la resolución que el auto por el que imputó a la hija del Rey Don Juan Carlos tiene "plena vigencia" de cara a acordar nuevas diligencias de investigación en torno a la encausada.
Así, el magistrado asevera que aunque "por razones de prudencia" haya sido dejada sin efecto la citación de la Infanta como encausada hasta que la Audiencia Provincial de Palma dirima sobre el recurso interpuesto por la Fiscalía Anticorrupción, "nada impide que se puedan llevar a cabo las diligencias de investigación que se estimen oportunas". Es por ello que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma atiende en esta ocasión a la última petición formulada por el sindicato Manos Limpias, dirigida a que se aporte testimonio al caso Nóos de las diez últimas declaraciones del Impuesto sobre la Renta de los Duques de Palma.
Cooperadora necesaria en los delitos
Castro apuntaba hacia la Infanta Cristina como cooperadora necesaria en los delitos que su marido presuntamente cometió al frente del Instituto Nóos, de forma que sin su presencia en la entidad así como sin "el aparente y consensuado refuerzo de la Casa Real", Urdangarin y su exsocio Diego Torres no habrían podido obtener los fondos de las Administraciones públicas que supuestamente desviaron.
Sin embargo, el fiscal Pedro Horrach, en su recurso de apelación, descartaba que ésta ejerciera una "influencia delictiva" sobre las Instituciones que contrataron con Nóos, e incidía en que si los responsables políticos "supuestamente influenciados" desconocían que la Infanta fuera vocal en Nóos y no trató o gestionó de algún modo con ella temas vinculados a esta entidad, "¿cómo podía ejercer aquélla una influencia delictiva?".
El juez Castro decidió el pasado 3 de abril imputar a la infanta Cristina en la causa al concluir que podría ser cooperadora necesaria de los delitos cometidos por Urdangarin y su socio, Diego Torres.
El magistrado señaló en aquella ocasión que no imputar a la infanta sería "un descrédito de la máxima de que la justicia es igual para todos" y citó a declarar a la hija del Rey para el 27 de abril. El magistrado decidió dos días después suspender esta declaración tras el recurso interpuesto por Anticorrupción contra la imputación de la infanta.