
Cristina de Borbón y Grecia, socia de la sociedad Nóos y copropietaria de Aizóon con su esposo Iñaki Urdangarin, ha sido imputada por el juez balear Castro. En el auto, de 19 folios, el juez dice textualmente: "Surgen [en la instrucción] una serie de indicios que hacen dudar" de que [la Infanta] desconociera que su esposo la utilizaba como vocal en el ámbito de influencia de Nóos. "Conviene despejar en cualquiera de los sentidos, antes de finalizar la instrucción de esta pieza, la incógnita", dice el juez.
El objetivo de dicha imputación -agrega- es que no se perpetúe la duda con un cierre en falso de la investigación. Y, sobre todo, "evitar el descrédito de la máxima de que la justicia es igual para todos". Como es conocido, el Rey dijo exactamente estas palabras -"la justicia es igual para todos"- en su mensaje de Navidad de hace cuatro años para explicar la deseable inflexibilidad de la investigación a que, por aquel entonces, había empezado a ser sometido Urdangarin.
Han pasado los tiempos en que la mujer ocupaba un papel subsidiario y supeditado al varón en el matrimonio. Hoy, los dos cónyuges son iguales en la sociedad familiar. De ahí que el argumento de que doña Cristina, una mujer activa y moderna, desconocía las andanzas del esposo en unas sociedades mercantiles que ambos compartían es poco creíble. Y de hecho, la esposa del socio de Urdangarín, Torres, está imputada desde hace tiempo. Así las cosas, el juez tiene razón: la instrucción no podía cerrarse sin investigar fehacientemente y de primera mano la implicación de quien, después de todo, entregaba a su esposo la posición social que le permitiría el gran saqueo que cometió. Porque Urdangarin basó su indecente negocio en el hecho de ser yerno del Rey.
La Corona se resiente, evidentemente, de semejante golpe, pero no resultará damnificada políticamente si se administra justicia con visible equidad y se saja por donde resulte necesario de forma que la responsabilidad contraída por los manejos del yerno del rey quede objetivada y satisfecha convenientemente. Si las leyes y el sistema funcionan, no habrá daño para la institución, salvo el moral que ya resulta irremediable e irreparable.
Ahora toca al monarca medir si conviene o no separar explícitamente, como un gesto de respeto hacia la opinión pública, a su hija menor de la línea sucesoria, en la que ocupa el séptimo lugar, y mantener o no la distinción de ducado de Palma, que los propios ciudadanos de la ciudad isleña ven ya con hostilidad. Pero esto es sólo la espuma de un asunto que, si se exceptúa la falta de visión de la fiscalía al tratar de eximir a la infanta, parece estar muy bien encarrilado en vía judicial.