La investigación de los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía podría dejar tocado al secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, cuya firma quedó estampada en el acta fundacional de la Asociación Faja Pirítica de Huelva, un colectivo que se fundó en 2003 para cobrar 128,23 millones de euros en ayudas, inicialmente para prejubilar a 687 trabajadores afectados por el desmantelamiento de explotaciones mineras. La juez Alaya prorroga un mes más el secreto de sumario
Años antes de desembarcar en la Secretaría del sindicato, Toxo, recoge este martes el diario ABC, formó parte de esta operación cuando él ejercía como secretario general de la Federación Metalúrgica del sindicato a nivel estatal, siendo uno de los miembros fundadores de la entidad.
Entonces, la comisión ejecutiva de aquella federación, reunida el 2 de junio de 2003, acordó por unanimidad formar parte de la Federación Minerometalúrgica del sindicato a nivel estatal. Dicho acuerdo se elevó a acta notarial tres semanas después, con el visto bueno de Juan Ignacio Fernández Toxo, y dicha federación, pactó con la Junta de Andalucía nombrar a un mediador que fue la persona encargada de cobrar los ERE.
Tanto es así, recuerda ABC, que el sindicato designa a dos representantes de la entidad de prejubilados, entre los que se encuentran Rafael Varea, secretario de la Minería, que, junto a Daniel Soto, de UGT, acordaron con el exdirector general del Trabajo, Javier Guerrero, nombrar al dueño de Uniter, José González Mata -imputado en el caso- como mediador de la operación.
44 personas que nunca trabajaron
Además, la sede de la asociación se estableció en el domicilio social del bufete de abogados encargados de tramitar las pólizas de prejubilación, Estudios Jurídicos Villasís. Justo el mismo despacho que fichó al conseguidor de las ayudas de Juan Lanzas, calificado por la juez como el conseguidor de la Administración autonómica, y en prisión provisional desde el 22 de marzo por cinco nuevos delitos.
En la trama investigada, los ERE de las empresas de la Faja Pirítica constituyen uno de los mayores focos de ilegalidad, ya que, de los 796 prejubilados acogidos a la ayuda, 44 de ellos nunca habían pisado nunca una mina.
Ayer, y ante estas informaciones, UGT y CCOO emitieron sendos comunicados donde hacían hincapié en que no hubo ningún tipo de pago de esta asociación. Sin embargo, y según lo que hoy publica el diario La Razón en portada y en el interior de sus páginas, una empresa -el Grupo asegurador Atlantis- de CCOO y UGT admitió su mediación en los ERE de la minería entre los años 1998 y 2000, tal y como refleja un documento, al igual que presuntamente hizo Uniter en 2003.
Entidades
Los sindicatos niegan su implicación en los ERE