Diez años de despilfarro. En este periodo de tiempo, decenas de sindicalistas, cargos de la administración andaluza, intrusos, aseguradores, consultores y abogados se han enriquecido ilícitamente con dinero público. Mercedes Alaya, una magistrada que triunfa en las redes sociales
Tras 14 meses de investigación, más de 50 imputados, y el ingreso en prisión de algunos implicados, entre otros el exsindicalista Juan Lanzas, y el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, acusado de los delitos continuados de prevaricación, malversación y cohecho, así como de un delito de asociación ilícita, la Guardia Civil y la jueza Mercedes Alaya centran su investigación en conocer los nombres y apellidos de otras personas, más allá de Guerrero, que podrían estar implicadas en la trama fraudulenta de los Expedientes de Regulación de Empleo, según se revela en un auto dictado por el Juzgado número seis de Sevilla, que tramita una pieza que aún permanece en secreto. La pieza del puzzle que le falta a la juez Alaya.
Esta investigación pretende ir elevándose en la jerarquía con el examen de datos objetivos, lo que podría generar "la implicación de más responsables", entre los que podría estar José Antonio Griñán, por aquel entonces consejero de Economía. Alaya advierte de que el principal acusado del caso Ere, Guerrero, no ha ofrecido "una respuesta coherente de los ingresos en sus cuentas de dinero procedente del Holding Vitalia".
El auto judicial desvela que una empresa, denominada Andalucine, administrada por la hermana de la delegada de Medio Ambiente en Sevilla, recibió dos cheques de 25.000 y 75.000 euros, que revertieron en Guerrero, según se refleja en la contabilidad de Uniter. La magistrada asegura que la consultora más beneficiada por los Ere fraudulentos, Vitalia, propiedad del grupo Eurobank, sobornó con cohechos durante varios años a altos cargos de la administración andaluza.
El exdirector de Trabajo, según el auto, cobró dinero en sobres que su chofer recogía en Madrid y recibió "transferencias de cantidades normalmente inferiores a 3.000 euros". En una de sus cuentas de Caja Rural recibió 161.600 euros y en otra 87.400 euros.
En el periodo investigado, Guerrero incrementó su patrimonio inmobiliario con cuatro inmuebles, que puso a nombre de su esposa Lourdes Otero. La Guardia Civil ha comprobado que en ese tiempo se han producido en sus cuentas bancarias "ingresos de procedencia desconocida", que ascienden a 303.588,31 euros, de los cuales 254.584 se ingresaron en cantidades iguales o menores de 3.000 euros, cantidad que las entidades bancarias no estaban obligadas a identificar al impositor. El acusado de recibir ayudas públicas de forma irregular recibió, además, una cantidad de 11.800 euros procedente de Vitalia.
La jueza afirma que las ayudas públicas se convirtieron en un gran negocio, en el que intervinieron la Consejería de Empleo, las consultoras, los intermediarios y algunos despachos de abogados, y se otorgaron "a personas que no tenían derecho a ellas, creándose así una especie de clientelismo en torno al PSOE y a la Junta de Andalucía". La instructora justifica el ingreso en prisión de Guerrero, no tanto por riesgo de fuga, sino por la posibilidad de que "la actuación del inculpado pueda obstaculizar las diligencias de investigación".
Según Alaya, "en libertad puede influir en medios de prueba que pudieran serle desfavorables, buscando aquellos que pudieran beneficiarle y hallar otros medios con los que poder ejercer presión sobre el resto de los intervinientes, sobre todo si sobre algunos se decreta la prisión provisional". Por último, lamenta "la escasa colaboración y el escaso nivel de respuesta" que ha prestado Guerrero en su última comparecencia en el Juzgado.
Viajes por medio mundo
Según la jueza, dos de los implicados, el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, y el exsindicalista de UGT, Juan Lanzas, que coló a 24 personas en los Ere fraudulentos, entre ellas a él mismo y a su mujer en el de Hitemasa y a dos cuñados en el de Dhul, y a la suegra de Guerrero, utilizaron el dinero que salía de la consejería de Empleo para viajar por medio mundo.
En agosto de 2006, coincidieron en el hotel Marina del Mar de Mojacar, municipio donde veranean destacados dirigentes socialistas como Alfonso Guerra, José Luis Rodríguez Zapatero o Joaquín Almunia, entre otros. Juan Lanzas preparó en diciembre de 2006 un viaje a Shanghai para él, Guerrero y sus esposas, que fue financiado por Maginae Solutions, con un coste de 6.000 euros.
Tres meses más tarde, organizó otro viaje para ambos matrimonios a Egipto, con un coste superior a 5.000 euros, pagados igualmente por la empresa que controlaba Lanzas. La juez cifra los ingresos recibidos por Lanzas a través de sus empresas intermediarias en 9.867.497 euros, a los que habría que unir los 600.000 euros de beneficios por incluir a sus familiares como intrusos y los tres millones recibidos de los Ruiz Mateos por su labor de mediación.
Entidades
La juez Alaya imputa a Lanzas por incluir a 24 'intrusos' en los ERE