A los siete altos cargos de la Junta de Andalucía imputados en el 'caso de los ERE', se le podría sumar un octavo. Ésta sería la delegada de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla entre 2004 y 2010, Pilar Pérez Martín. La Jueza Mercedes Alaya sostiene que la empresa 'Andalucine' servía de tapadera para que el cabecilla de la trama, Francisco Javier Guerrero, se llevase el dinero. Ésta empresa pertenece a Producciones Barataria cuya administradora única era la hermana de la consejera. Vitalia pudo corromper a altos cargos.
Según informa ABC, la investigación apunta a 'Andalucine' como una de las empresas pantallas que cobraban cheques de las aseguradoras Vitalia y Uniter, quienes como mediadoras en el proceso habrían cobrado unas comisiones exageradas, que luego retornarían a altos cargos a través de este tipo de organizaciones.
Concretamente, la jueza tiene constancia de dos cheques expedidos por la aseguradora Uniter de 25.000 y 75.000 euros y que aparecían en la contabilidad de la empresa a nombre de 'J. Guerrero'. Estos dos cheques habrían sido cobrados por Andalucine, que es una empresa dedicada a la localización de exteriores, según ha podido comprobar la policía.
Coincidencia o no, esta empresa se constituyó gracias a una ayuda pública que procedía de la partida presupuestaria 31L con la que se financiaban los ERE. Esta subvención fue autorizada por el propio Francisco Javier Guerrero en su etapa de director de Trabajo quien justificó lel coste de 210.554 euros alegando "una inversión de modernización".
Además Andalucine fue idea del propio Guerrero que recomendó a Producciones Barataria de crear una nueva sociedad para poder acceder a la subvención.
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El cuñado del conseguidor en libertad