
La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha puesto de relieve este lunes el respaldo que Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), y otros miembros destacados de la misma, han manifestado en distintas ocasiones al movimiento filoetarra. ¿Esta España al borde del estallido social?
En declaraciones a Rne recogidas por Servimedia, Cifuentes ha indicado que "la señora Colau y personas en la plataforma han manifestados su apoyo en determinadas ocasiones a Bildu, a Sortu y a todos estos grupos que, a mi modo de ver, tienen mucho que ver con el entorno de ETA".
Asímismo, ha agregado su creencia en que la PAH "no es solo un grupo que esté apoyando a las personas desahuciadas sino que están siguiendo una estrategia política bastante radical. Yo sí creo que hay intereses políticos" que explicarían el "acoso" a dirigentes del PP, entre ello González Pons, frente a sus domicilios familiares.
Al respecto, señaló que cualquier manifestación es perfectamente legítima, y "en algunos casos se comprenden más que en otros", como es el referido a los desahucios, "pero lo que no creo es que el derecho de manifestación, ni siquiera por una causa justa, pueda traspasar ciertas líneas". Porque, en su opinión, "lo que no se puede hacer es incitar y aprovechar la actual situación para hacer una acoso absoluto hacia algunos políticos, casualmente todos del PP. Aquí tiene que actuar la ley", sentenció.
La líder de UPyD, Rosa Díez, ha salido también en la defensa de aquellos políticos que sufren este tipo de acoso. Díez insiste este lunes en El Mundo en que "no es aceptable" el "cambio de nombre de las cosas" para "enmascarar las acciones más viles y cobardes", el "silencio cómplice de quienes aplauden" a los que llaman en el Congreso asesinos a cargos del PP, la postura de algunos medios "teorizando sobre la legitimidad" del acoso y la justificación de actos que "violan los derechos más esenciales", como la libertad de expresión o el derecho a la intimidad.
A su juicio, no considera lícito que "se crean con el derecho de sustituir a quienes han sido elegidos en las urnas" y sentencia que "no hay ninguna disculpa" para "tolerar lo que está ocurriendo, en alusión al inicidente que ha sufrido el popular Esteban González Pons en su domicilio en Valencia.