Los sindicatos se desmarcaron este domingo del presunto fraude de los EREs financiados con dinero de la Junta de Andalucía. El asunto no va con ellos. Los representantes de las dos principales centrales negaron haber recibido "cobros irregulares", en alusión a los 4,29 millones de euros presuntamente ingresadas por "los entornos" de UGT y CCOO procedentes de las sobrecomisiones pactadas con el Ejecutivo andaluz la Junta de Andalucía en relación a la gestión de las pólizas de prejubilación relacionadas con los referidos ERE. Griñán como "financiador de los ERE".
Por un lado, el secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, valoró las acusaciones como "un ataque más a la labor sindical", al tiempo que puso "a disposición de la Justicia" las cuentas de su organización, que, según subrayó, "son públicas y transparentes".
Por parte de CCOO intervino su secretario general en Andalucía, Francisco Carbonero, quien aseveró que su organización "no tiene nada que ver con ninguna trama corrupta". Pese a ello, la dirección confederal se plantea reabrir una comisión interna de investigación creada en abril de 2011.
Sevilla también acogió ayer otras dos ruedas de prensa con idéntico motivo, aunque con posiciones antagónicas. En ambos encuentros saltaron las chispas. No podía ser de otra forma. Por un lado, el líder del Partido Popular Andaluz, Juan Ignacio Zoido, arremetió contra el presidente andaluz, José Antonio Griñán, al que calificó como el "cajero de los ERE" fraudulentos tramitados en su comunidad , al tiempo que exigió la comparecencia de Griñán en el Congreso de los Diputados para que explique por qué no modificó el "procedimiento irregular" de ayudas sociolaborales vinculadas a expedientes de regulación de empleo tramitados por la Junta de Andalucía a su llegada al Ejecutivo autonómico como hizo con anterioridad durante su etapa en el Ministerio de Trabajo tras suceder a Manuel Chaves.
"Una burla del PP"
En la otra parte de la contienda, la presidenta del PSOE-A, Amparo Rubiales, aseguró que la petición de Zoido es "una burla al Parlamento andaluz y un disparate jurídico". Asimismo, Rubiales condenó la "cacería injusta y falsa" que el PP está haciendo contra Griñán, señalando que el presidente andaluz "es la persona más temida y odiada por la derecha en este país".
Ayer también hubo actividad en el ámbito judicial ya que la jueza que investiga los ERE falsos, Mercedes Alaya, cree que "las piezas del puzzle comienzan a encajar" en cuanto al "enorme perjuicio" que las sobrecomisiones causaron a la Hacienda andaluza, el "negocio" en que se convirtieron las ayudas y el "presunto empecinamiento de la Junta" en tener fondos sin control.
En el auto que ordenó prisión sin fianza para los directivos de Vitalia Eduardo Pascual y María Vaqué, la jueza insiste en su acusación contra CCOO y UGT, que cobraron comisiones "aunque no hubiesen efectuado trabajo alguno" pues su verdadera aportación era "la información privilegiada que facilitaban a la mediadora sobre empresas en crisis que pudieran derivar en la suscripción de una póliza".
Los sindicatos justificaban dicho cobro "de forma tan peregrina como la toma de datos, que poco interés podía tener para la consultora pues luego debía repetirse por su carácter parcial e incompleto", dice Alaya.
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