La segunda fase del 'caso de los ERE' falsos de la Junta de Andalucía, que se saldó este miércoles con treinta detenciones, se orienta en estos momentos a despejar si el dinero de las ayudas concedidas por la comunidad retornaba a esos mismos emisores. La Guardia Civil ha detectado como empresas mediadoras establecían comisiones "sobredimensionadas" con el fin de que todo aquel que participase en el supuesto engaño se beneficiase "incluyendo los altos cargos de la administración andaluza". La "segunda fase" de los ERE.
El pasado mes de febrero Juan Francisco Algarín, uno de los presuntos testaferros de las "empresas pantalla" empleadas para introducir en el circuito financiero el dinero procedente de las comisiones aplicadas a las pólizas de prejubilaciones vinculadas con los ERE financiados por la Junta, ya adelantó a la jueza esta información que recoge hoy La Razón.
Tras ser detenido Algarín declaró ante los agentes de la UCO que "llevó personalmente sobres con dinero desde Mercasevilla y bares próximos a la Consejería de Empleo hasta una cafetería localizada en los bajos de la Delegación de Empleo".
Según fuentes de la Guardia Civil consultadas por La Razón éstos tienen puesto el foco sobre las empresas mediadoras, que habrían cobrado por prestarse a formar parte de la trama de los ERE hasta un 20% de comisiones.
Entre los detenidos este miércoles destacan los responsables de Vitalia y Uniter que eran las dos principales empresas comisionistas, que se embolsaron, según calculan los investigadores, en torno a 50 millones de euros.
Otro de los aspectos importantes de la operación para detectar el o los verdaderos destinos de las ayudas es desenmarañar la supuesta operación de lavado del dinero. por ello la Guardia Civil se afana en destapar a los "hombres de paja" como el propio Algarín o el también arrestado por la UCO, Eduardo Leal del Real, administrador de Estudios Agenciales SL y Atrado Mensajería, quien pudo cobrar unos cuarenta y siete cheques que rondarían los 1,5 millones de euros entre 2003 y 2007.
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