El Tribunal Europeo de Derechos Humanos reexamina hoy la sentencia dictada contra España por aplicar la "doctrina Parot" a la etarra Inés del Río Prada, en una única audiencia en la que los jueces de la Gran Sala escucharán a las partes. La libertad de 54 etarras, siete miembros de los GRAPO y 14 delincuentes depende de este fallo, que mantiene en vilo a víctimas del terrorismo y Gobierno, pues creen que su derogación causaría gran alarma social. El Foro de Ermua cree que el PSOE pactó con ETA la doctrina Parot.
El Gobierno español había solicitado la revisión del caso después de que el 10 de julio de 2012 la Sala Tercera de la Corte europea condenara por unanimidad al país y declarara "irregular" la aplicación de esa doctrina.
La citada sentencia, que incluyó una indemnización de 30.000 euros por daños morales a Del Río, sólo hacía referencia a esa presa de ETA, pero meses después una treintena de presos etarras afectados por esa práctica demandaron a España ante la Corte europea.
Sentencia del Supremo
La doctrina Parot se basa en un dictamen del Tribunal Supremo de febrero de 2006, por el que "la ejecución de la totalidad de la condena (...) comenzará con las penas más graves" y los beneficios penitenciarios se aplicarán individualmente para cada una de ellas, y no sobre el máximo legal de 30 años de permanencia en prisión.
De este modo, una vez cumplida la pena más grave, se debe cumplir la siguiente, y así sucesivamente, hasta el límite legal, lo que alarga la estancia en la cárcel.
El fallo de Estrasburgo consideró en julio que esa doctrina "vacía de contenido las reducciones de pena por trabajo a las personas condenadas bajo el antiguo código penal de 1973", y recordó que el Convenio Europeo de Derechos Humanos "prohíbe que el derecho penal se interprete de forma extensiva en detrimento del acusado".
Del Río (Tafalla, 1958) fue condenada a más de 3.000 años de cárcel, la mayoría de ellos por participar en 1986 en el atentado contra un convoy de la Guardia Civil en la plaza madrileña de la República Dominicana, en el que fallecieron 14 agentes de la Benemérita.
Pero tras la aplicación de la "doctrina Parot", su puesta en libertad, prevista en 2008, fue ampliada a 2017, lo que hizo que recurriera a Estrasburgo en agosto de 2009, y que esa Corte le diera la razón tres años más tarde.
17 jueces
Un total de 17 jueces formará parte de la Gran Sala que escuchará de nuevo a las partes y revisará el caso a petición de España.
Allí estarán los jueces de Luxemburgo (que ocupa la presidencia del Tribunal), Italia (vicepresidencia), Letonia, Liechtenstein y Mónaco (presidencia de Sala), así como los de Austria, Chipre, Albania, Irlanda, Turquía, Bélgica, Reino Unido, República Checa, Holanda, Moldavia y Bosnia-Herzegovina.
El juez elegido a título de España, Luis López Guerra, será el único de la Sala Tercera que estará también en la Gran Sala, por ser el magistrado del país demandado.
Representarán a España el agente del Gobierno, Francisco Sanz, acompañado de los abogados del Estado Isaac Salama, Jaime Requena y Javier Nistal.
La defensa de la demandante, por su parte, estará compuesta por los abogados Mark Muller, Sudhanshu Swaroop, Michael Ivers, Amaia Izko y Urko Aiartza.
Tras la celebración de la vista, la Gran Sala iniciará sus deliberaciones, que concluirán cuando se dicte, en los próximos meses, una sentencia que será de carácter inapelable.
En ella, la Gran Sala podrá ratificar la sentencia condenatoria que dictó la Sala, o dar la razón a España y dar validez, según el Convenio Europeo de Derechos Humanos, a la "doctrina Parot".
Inquietud entre las víctimas y el Gobierno
Las principales asociaciones de víctimas del terrorismo, representadas en María Mar Blanco, de la fundación, y la AVT, con Ángeles Pedraza a la cabeza, se han trasladado a Estrasburgo para seguir de cerca la vista oral y dejar claro que decir no a la Parot supone una "nueva burla".
El Gobierno también reconoce que la resolución preocupa e inquieta. Apela a la "excepcional repercusión social" que tendría derogar la doctrina Parot, sin olvidar la ofensa que supondría el que Europa censure que el sistema penitenciario vulnera los derechos humanos de los etarras.
"Hablar de violación de Derechos Humanos es absolutamente inadecuado, condenar a España a indemnizar a una etarra es una ofensa al pueblo español", ha asegurado en repetidas ocasiones el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que cree que "nadie en su sano juicio" debería echar para atrás la doctrina Parot.
Las víctimas han incrementado sus movilizaciones esta última semana e, incluso, han lanzado una campaña de adhesión ciudadana a través de la plataforma de internet Change.
Entre los defensores de su derogación, uno de los más claros ha sido estos días el presidente de Sortu, Hasier Arraiz, quien opina que un fallo en contra del Gobierno supondría "una derrota" para éste que "necesariamente debería abrir una grieta en la política penitenciaria" y "rectificar".
Los magistrados de Estrasburgo pueden darle un nuevo revés al Ejecutivo español después de que en 2010 el tribunal de Justicia de la UE resolviera que el llamado canon digital no se ajustaba a la legislación comunitaria o de que el pasado jueves dictaminara que los desahucios contravienen la normas europeas de protección al ciudadano.
O puede suponer una gran victoria para el colectivo de presos de ETA y la izquierda abertzale, que vio cómo en 2010 el tribunal de Estrasburgo dio la razón a España al echar para atrás 133 candidaturas de Eusko Abertzale Ekintza-Acción Nacionalista Vasca (EAE-ANV) para los comicios del 27 de mayo de 2007.
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