El Pleno del Congreso de los Diputados debate este martes una proposición de ley orgánica para la lucha contra la corrupción, en la que el Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, pide, entre otras cosas, que las fundaciones de partidos políticos no puedan aceptar aportaciones y donaciones anónimas. La iniciativa presentada por el grupo parlamentario que lidera Cayo Lara pide modificar, entre muchos aspectos, la Ley de Financiación de Partidos Políticos. Así es la financiación de los partidos políticos.
Propone que el apartado tercero del artículo 4 quede redactado de la siguiente forma: "Las Fundaciones constituidas por los partidos políticos, las federaciones de partidos, coaliciones y las agrupaciones de electores no podrán aceptar aportaciones y donaciones anónimas".
Además, IU propone que los partidos políticos no puedan "constituir o formar parte, directa o indirectamente, de empresas o sociedades mercantiles". "Tampoco podrán participar, por cualquier medio, de los beneficios económicos obtenidos por empresas o entidades mercantiles", añade la iniciativa.
"Los partidos políticos tampoco podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente, donaciones de personas o empresas privadas que, mediante contrato vigente, presten servicios o realicen obras para las Administraciones Públicas, organismos públicos o empresas de capital mayoritariamente público o que hayan prestado dichos servicios o realizado obras en los dos años anteriores", plantea el grupo parlamentario que encabeza Lara.
En la iniciativa, La Izquierda Plural propone además que "la misma prohibición" afecte también "a las personas o empresas que estén participando en concursos públicos para ser adjudicatarias de contratos con las administraciones públicas". Asimismo, plantea que la ley pase a llamarse de financiación de los partidos políticos, "federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores".
Corrupción
Otro de los puntos de la proposición de ley añade un nuevo capítulo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y recoge la "suspensión provisional de empleo o cargo público". Para adoptar tal medida, será preciso, propone IU, que, entre otras cosas, "aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar el auto de suspensión".
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