Una empresa de comunicación ha demandado a la agencia de publicidad Nimbus, investigada en el 'caso Palma Arena' por financiar de forma presuntamente ilegal al PP balear y beneficiarse de supuestos contratos amañados durante el último Gobierno de Jaume Matas, para reclamar 240.000 euros que abonó por la compra de participaciones de esta sociedad mediante una operación en la que, denunciaba, Nimbus le ocultó que "obtenía sus ingresos más sustanciales a través de sistemas de contratación irregulares con la Administración".
Se trata de una demanda que, sin embargo, ha sido desestimada por la Audiencia Provincial de Baleares mediante una sentencia que alega que la mercantil compradora "no adoptó ningún tipo de precaución con la finalidad de conocer las actividades a las que se dedicaba Nimbus en el momento en el que se interesó por la compra", que se concretó en un 20% de las participaciones sociales de la mercantil.
En su recurso de apelación contra la resolución que ya en primera instancia rechazaba la demanda, el reclamante alegaba que, en el momento de la compra el 20 de febrero de 2007, desconocía los asuntos "turbios" a los que se dedicaba Nimbus así como las "oscuras maniobras concertadas con organismos del Govern" que, tal y como recordaba, están siendo objeto de investigación por parte del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro.
La demandante señalaba que el administrador de Nimbus tenía interés en reducir su participación en la sociedad "pero no sin antes llevarse los grandes beneficios que le había reportado su método de funcionamiento", para lo cual contactó con el reclamante para ofrecerle participar en la entidad mediante la adquisición de un paquete minoritario de participaciones que "le podrían reportar un rendimiento suficiente de cara al futuro".
Más en concreto, el apelante hacía referencia a unas contrataciones con el Gobierno balear que están siendo investigadas en diversas piezas del caso Palma Arena, entre las cuales se encuentra la adjudicación de un expediente ficticio en materia de imagen, cuyo único objetivo era pagar al periodista Antonio Alemany por los discursos que le encomendaba Matas, quien fue condenado a seis años de prisión por estos hechos.
Según el reclamante, estas contrataciones "eran conocidas" por el administrador de Nimbus y "resultaba imposible que no fuera consciente de que disponían de contratos administrativos de forma irregular, hasta el punto de que prestaban primero los servicios que luego les eran retribuidos, o que hicieran favores remunerados, o que efectuaban pagos extraños sin concepto conocido, o que les asignaban trabajos que les eran retribuidos por contratos de otras sociedades, o de que se fraccionaba la contratación para la Administración".
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