
El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ofrecerá hoy en el debate sobre el estado de la nación nuevas medidas para luchar contra la corrupción, como aumentar las penas de prisión e inhabilitación para los culpables, y también ofrecerá un gran pacto nacional contra la pobreza.
Según han adelantado a Efe fuentes socialistas, el líder de la oposición desglosará nuevas medidas contra la corrupción política que se suman a las anunciadas hace unos días en Bilbao, que incluían prohibir las donaciones de empresas a los partidos para evitar "sospechas" o la creación de una oficina anticorrupción.
También es partidario el PSOE de que la Audiencia Nacional asuma la competencia en estos casos, así como de inhabilitar a las empresas condenadas por corrupción para que no puedan contratar con la administración.
Hoy, en el debate de política general, Rubalcaba apostará por incrementar las penas tanto de prisión como de inhabilitación para delitos vinculados con la corrupción, con el objetivo también de aumentar los plazos de prescripción de los delitos.
Del mismo modo, abogará por modificar la ley del Tribunal de Cuentas para que tenga la obligación de fiscalizar las cuentas sometidas a su control en el ejercicio siguiente.
En materia social
Rubalcaba planteará un gran acuerdo nacional contra la pobreza que comience con la aprobación de un fondo de 1.000 millones de euros.
Rubalcaba, quien ha pedido la dimisión de Rajoy por estos motivos, hará mañana un discurso de fondo, pegado a la "dura realidad social que están sufriendo los españoles", a la vez que planteará propuestas para los grandes problemas como la corrupción o la pobreza, de acuerdo con las mismas fuentes.
Durante su intervención, el secretario general de los socialistas aprovechará para dejar en evidencia que, a su entender, Rajoy es un presidente sin autonomía y sin capacidad para afrontar la crisis económica, política, social y territorial.
Según su criterio, Rajoy se ha quedado sin capacidad de gestión para resolver la crisis económica, que se ha agravado con sus decisiones, y carece de autonomía política para dar respuesta al caso Bárcenas.