La Casa del Rey no dará hasta mañana su opinión sobre la citación judicial como imputado del asesor y secretario de las infantas Elena y Cristina, Carlos García Revenga, para no adoptar decisiones precipitadas, ya que esta institución aún desconoce de qué se le acusa.
Así lo ha comunicado un portavoz de la Casa del Rey, institución que ha conocido hoy la providencia dictada por el juez instructor del caso Nóos y, al comprobar que en ella no se aclara de qué se acusa a García Revenga, ha decidido estudiar el caso y posponer hasta mañana cualquier comentario sobre este asunto.
El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha citado como imputado a García Revenga -que fue tesorero de ese instituto- en los juzgados de Palma de Mallorca para el próximo 23 de febrero a las 13:00 horas, después de que comparezca Iñaki Urdangarin.
La citación se ha producido de oficio, aunque García Revenga había anunciado el pasado jueves su intención de pedir al juez que le llamara a declarar para probar su inocencia y la acusación popular que ejerce el sindicato Manos Limpias había adelantado por su parte que pediría que fuera citado como imputado.
El juez ha citado a García Revenga para interrogarle como imputado sobre el cargo y funciones que desempeñaba en el Instituto Nóos o en cualquiera de las entidades mercantiles de su entorno, así como para preguntarle acerca del conocimiento que pueda tener sobre las actividades que desplegaba la entidad y los cauces por los que obtuvo dicho conocimiento.
También le interrogará sobre las labores de asesoramiento o consulta que pudiera haber llevado "respecto a Iñaki Urdangarin y su entorno societario y personal", según recoge la providencia dictada hoy por el juez Castro.
La fianza de Urdangarin
Esta misma mañana, el juez del caso Nóos, atendiendo a la petición de la Fiscalía y del Sindicato Manos Limpias, ha impuesto una fianza de 8,1 millones a Iñaki Urdangarin y a su exsocio Diego Torres por su presunta implicación en la trama de captación y desvío de fondos públicos de la Comunidad Valenciana e Islas Baleares del 'Instituto Nóos', presidido por el duque de Palma. Ambos tendrán un plazo de cinco días para aportar dicha cantidad o en su defecto presentar un recurso de alegación. Si éste último fuese aceptado, se paralizaría el embargo de los bienes decretado en caso de impago.
En este sentido parece que se pronunciará el marido de la Infanta Cristina ya que su abogado, Mario Pascual Vives, en el momento de la solicitud de la fianza por parte de la Fiscalía, presentaba un escrito de alegaciones en el que se oponía a la fianza de 8,1 millones de euros argumentando que los contratos del Instituto Nóos eran correctos y, por lo tanto, su cliente no había cometido delito alguno.
En declaraciones a los periodistas, el letrado de Urdangarin resumía en aquel momento así el contenido de las alegaciones que había presentado contra la petición de la Fiscalía. Su exsocio Diego Torres también consideraba entonces que éste importe es "desatinado" y que "no se ajusta al derecho".
No iría a la cárcel
Además de con dinero, Urdangarin podría cubrir el importe de la fianza mediante una hipoteca o a través de un aval, tanto personal como bancario, según la ley de Enjuiciamiento criminal.
La fianza civil, que se diferencia de la penal en que no comporta el ingreso en prisión en caso de impago, tiene en este caso como objetivo garantizar que los imputados abonarán el dinero público supuestamente malversado en caso de ser condenados en juicio.
Esta medida cautelar se destina a cubrir las posibles responsabilidades civiles si Urdangarin es condenado de algún delito de corrupción, que en este caso se traduce en el dinero supuestamente malversado que tendría que devolver a los gobiernos balear y valenciano.
Entidades
Iñaki Urdangarin Liebaert
Fundador del Instituto Nóos
"Más que suficientes pruebas" contra el duque