El presidente de la Generalitat, Artur Mas, hizo dos polémicos viajes a Moscú y Bruselas durante su precampaña con la intención de "internacionalizar el conflicto" catalán ya que el Gobierno o los tribunales no le permiten celebrar una consulta soberanista. Además, ha encargado a su nuevo Consell y hombre de confianza, Francesc Homs, las relaciones exteriores.
Según las informaciones del diario El País, la respuesta del Gobierno para neutralizar esa ofensiva internacional es la nueva ley de Acción y Servicio Exterior que llegará en las próximas semanas al Consejo de Ministros después de superar un intenso debate lleno de teniones dentro del Gobierno.
La base del anteproyecto parte de que las relacciones internacionales son competencia exclusiva del Estado y que las actividades que se desarrollan en el exterior deben coordinarse con los principios de "unidad de acción" y "lealtad institucional".
Las comunidades autónomas deben informar al Ministerio de Asuntos Exteriores de sus propuestas de viajes, visitas y actuaciones en el exterior para que dicho ministerio valore si se adecuan a los objetivos establecisdos por el Gobierno. Por lo tanto las autonomías sí pueden actuar en el extranjeros pero siempre dentro de sus competencias.
Se controlará la apertura de las 'embajadas' autonómicas
Según las fuentes consultadas, Exteriores no podrá prohibir a un presidente autonómico que vaya al extranjero, pero sí emitirá "recomendaciones", avalando o desaconsejando el viaje. Si no se atendiera su recomendación, Exteriores podría negar el apoyo que habitualmente prestan las embajadas a los presidentes autonómicos en sus desplazamientos fuera. En muchas ocasiones, Exteriores se entera de dichos viajes cuando los servicios de protocolo de los presidentes autonómicos se ponen en contacto con las embajadas para pedirles su apoyo.
El control que pretende fijar el Gobierno sobre la diplomacia autonómica en el exterior no se queda en los viajes de los presidentes. El anteproyecto señala que se someterán a informe los acuerdos que las Administraciones regionales o locales celebren con organismos internacionales para verificar que no sobrepasan sus competencias marcadas por la Constitución.
En todo caso, la actuación de las autonomías en el extranjero deberá someterse "a las directrices, fines y objetivos de la política exterior fijados por el Gobierno" y no podrán, en ningún caso, celebrar tratados internacionales, asumir la representación del Estado o incidir en la política exterior. La propuesta de creación de oficinas de comunidades autónomas en el extranjero también se someterán a informe de los departamentos de Exteriores y Hacienda.
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