El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, ha admitido este martes que la decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha de cerrar las urgencias nocturnas de 21 pueblos de la región podría extenderse a otras comunidades, ya que "muchas de ellas están rediseñando sus propios mapas de recursos".
Lo sucedido en Castilla-La Mancha "puede pasar en otras comunidades", puesto que "muchas de ellas están rediseñando sus propios mapas de recursos", ha afirmado Moreno en una entrevista concedida a la Cadena Cope.
En cualquier caso, el representante del Ministerio de Sanidad ha querido dejar claro que la decisión del cierre nocturno de las urgencias en La Mancha la ha adoptado el Ejecutivo regional, en el ejercicio de sus competencias, y no el Gobierno Central, aunque respeta la medida.
Con esta aclaración por delante, Moreno ha querido tranquilizar a la población manchega y ha asegurado que si los ciudadanos tienen necesidad de atención médica por la noche, la recibirán, porque hay medios de transporte terrestres y aéreos para llevarles al hospital, si es preciso.
Otra decisión autonómica que también respeta el Gobierno de Rajoy es la de la privatización de parte de la sanidad madrileña, una medida adoptada, a su entender, para aligerar la carga financiera del sector público, donde "hay absentismo laboral" y donde la capacidad de adaptarse a nuevas necesidades" no es la misma" que en el sector privado.
"Se puede pagar"
Y es que, ha sentenciado Moreno, "España tiene el sistema sanitario que se pueda pagar", lo que no significará nunca que el ciudadano deje de recibir la buena atención que hasta ahora se le viene prestando.
Una competencia que desde su punto de vista no tienen las autonomías es la de imponer una tasa farmacéutica por receta, por lo que, ha recordado, el Ejecutivo central ha recurrido la medida adoptada en Cataluña y Madrid.
Lo que no tiene muy claro el representante del departamento que dirige Ana Mato es si Madrid y Cataluña deberían devolver a los ciudadanos el dinero que han desembolsado para hacer frente al euro por receta en caso de que la tasa se declarara inconstitucional.
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