La fiscalía ha cargado las tintas contra Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres en el escrito que ha enviado al juez para solicitar una fianza civil de 8,18 millones de euros euros. Pedro Horrach, el fiscal que lleva el caso, ha acusado al duque de Palma y al empresario de "actividad delictiva continuada y premeditada", lo que supone un agravante para los delitos que se les imputan: prevaricación, malversación, falsedad documental y posible fraude fiscal, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.
Este tipo de acusación busca recalcar que ha habido dolo (intención de hacer daño y/o cometer un delito) y así elevar la pena total, ya que es un agravante que lleva al juez a aplicar la pena en su mitad superior. Así, en el caso de que finalmente fueran condenados por blaqueo, que implica una pena de cárcel de seis meses a seis años, el tribunal condenaría a un mínimo de 3,75 años a los acusados, lo que supondría su entrada inmediata en la cárcel.
El problema que tiene este tipo de acusaciones es que es muy difícil apreciar el delito continuado y el concepto es muy criticado por algunos sectores de la doctrina, por lo que lo más seguro es que el juez lo desestime. Fuentes judiciales aseguran, de hecho, que el fiscal ha querido ser agresivo y ha realizado un escrito fuerte.
La fianza
En los escritos que tanto la fiscalía como la asociación Manos Limpias han enviado al magistrado se acusa a Urdangarin y Torres de haber creado una asociación sin ánimo de lucro, el instituto Noós, para dar "cobertura legal" a unos contratos firmados "alterando el mecanismo legamente establecido para la contratación pública" .
Teniendo en cuenta que los convenios de colaboración nacían de actividades delictivas, puesto que "se firmaban después de decidir la contratación" y no responden "a ninguna necesidad de interés público", la acusación asegura que deben ser nulos y los imputados tendrían que devolver "todos los caudales públicos que les han sido abonado en referencia a los convenios relativos a los eventos Illes Balears Forum y Valencia Summit".
Así, la fiscalía antocorrupción y Manos Limpias han solicitado una fianza civil, entre otras cosas, de 2,28 millones por los convenios firmados entre el Instituto Noós e Illes Sport en 2005 y 2006; 3,13 millones por los acuerdos con la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia de 2004, 2005 y 2006 y unos 290.000 por trabajos promoción que Noós le realizó a Ibatur, entre otros. A su vez, ha solicitado una fianza subsidiaria de 5,9 millones en el caso de que la primera no sea atendida por el juez.
La defensa tiene ahora 22 días para presentar alegaciones antes de que el juez se pronuncie al respecto. Una vez el magistrado dicte providencia, Urdangarin y Torres tendrían 24 horas para depositar la fianza o si no se procederá al embargo de todos sus bienes hasta cumplir con el monto, tal y como recoge la ley.
Entidades
Iñaki Urdangarin Liebaert
Fundador del Instituto Nóos
Vives no ha recibido notificación