Mercasevilla admite que Guerrero "se saltó a la torera" los trámites de los ERE

La representación jurídica de Mercasevilla  ha admitido que Francisco Javier Guerrero "se saltó a la piola los procedimientos" y aseguró la financiación de estas prejubilaciones "sin seguir los trámites adecuados", aunque ha defendido que el expediente de regulación de empleo de 2007 "se pactó expresamente con la financiación autonómica" y "la propia póliza" de seguro de rentas asociada al procedimiento incluye a la Junta de Andalucía como fuente de los pagos.

"Esta póliza sí genera obligaciones para la Junta en su condición de tomador impropio", defendía la representación de Mercasevilla en el juicio que se celebró el pasado martes a título individual promovido por uno de los prejubilados defraudados.

Esta demanda promovida al margen del grueso de los prejubilados, según han informado fuentes del caso, se dirige contra Mercasevilla, participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa y tomadora de la póliza de seguro de rentas asociada al ERE de 2007, la división de Seguros Colectivos del Banco Vitalicio (actualmente 'Generali'), en su calidad de entidad aseguradora de las rentas, y la Administración autonómica.

Como se recordará, 34 de los 40 prejubilados de este ERE aunaron sus acciones en una sola demanda, resuelta ya con la citada sentencia, mientras los seis restantes hacen lo propio a título individual, pero siempre reclamando los compromisos de pago que pesarían en torno a este expediente de regulación de empleo y su correspondiente plan de prejubilaciones.

Se trata de la tercera vista oral de este conflicto, toda vez que el Juzgado de lo Social número ocho ha resuelto ya la demanda correspondiente al grueso del colectivo de prejubilados, zanjando que Mercasevilla es el "único responsable en el pago de las indemnizaciones reconocidas" en el procedimiento.

Asimismo, la representación de la Junta, además, ha insistido en la invalidez de los documentos firmados entre 2007 y 2008 por el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, para la financiación del plan de prejubilaciones de este ERE, pues "se trata de simples comunicaciones que en ningún caso están precedidas de un expediente administrativo con su respectiva resolución".