Política

El macrofraude de los ERE de la Junta, un sistema creado expresamente para eludir el control

Griñán insiste que él no pudo hacer nada. Imagen: Archivo

Las declaraciones de José Antonio Griñán sobre qué pudo saber o no sobre el macrofraude que se gestaba en partidas presupuestarias que ascienden a 700 millones entre 2011 y 2010 y que se contienen en unas cuentas de las que él fue máximo responsable en el quinquenio 2004-2009 son kafkianas. De ellas se trasluce que él no pudo hacer nada para atajar los desmanes de la Consejería de Empleo porque quien debía de haberle informado de ellos, la Intervención General, no puso el suficiente énfasis en hacerlo.

No le bastaron los cuatro informes remitidos a su nombre por la Intervención entre 2005 y 2007, tres de ellos preceptivos y uno excepcional. La culpa de que él no supiera nada no es pues de que no se leyera los informes, o diga que no se los leyó; tampoco es la responsabilidad principal de la consejería de Empleo, en la que se cometía el fraude que luego paga un ente de otra consejería. No, la culpa de todo a tenor de lo declarado por Griñán en la comisión de investigación es de la Intervención General por no avisar con la suficiente contundencia.

El exinterventor ha salido al paso de semejante argumento y ha recordado que el sistema por el que el pago lo ordenaba Empleo y lo ejecutaba el IFA dejaba un estrecho margen legal a la Intervención para descubrir el fraude.

"En los ERE", explica Manuel Gómez a ABC, "la Intervención fue excluida deliberadamente de la fiscalización previa de las subvenciones precisamente por los mismos que ahora le reprochan que no ejerciera supuestos poderes prodigiosos". Con esta última expresión quiere dejar claro el funcionario que su papel de control sobre este sistema se limitó a auditar el gasto ejecutado por el IFA y, al auditar, la Intervención no tiene poder ni coercitivo ni suspensivo. Unas potestades que sí puede ejercitar si fiscaliza el gasto previamente.

Una fiscalización previa que es justamente de la que se excluyó a este organismo por el consejero de Empleo en 2001 y su sucesor desde 2004 a 2009, José Antonio Viera (diputado del PSOE) y Antonio Fernández, encarcelado y en libertad bajo fianza, respectivamente.

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