El máximo responsable de fiscalizar la Junta de 2000 a 2010 tumba las coartadas del presidente Griñán recibió todos los avisos previstos y uno excepcional cuando era consejero de Hacienda. | Un sistema creado para eludir el control.
Quién conoció el monumental fraude en las ayudas para ERE otorgadas por la Junta de Andalucía entre 2001 y 2010; cuándo y cómo lo conoció, y qué hizo (o no hizo) ante la corrupción rampante que imperaba en la Consejería de Empleo.
Sombras sobre Griñán
Éstas son las preguntas cuyas respuestas ensombrecen el futuro político y judicial del presidente del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán. Y ello porque, pese a que en su intervención en la comisión de investigación parlamentaria sobre el caso trató de convencer de que no sabía nada pues nadie le advirtió, el también compareciente Manuel Gómez, funcionario y exinterventor general de la Junta entre 2000 y 2010, ha ampliado sus explicaciones ante esa comisión en un escrito enviado a la misma y ha reiterado sus argumentos en una entrevista a Abc.
Primera cuestión: ¿conoció Griñán lo que ocurría durante su etapa como consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2010? La Intervención General de la Junta está adscrita a esa consejería, por lo que la relación es directa entre ambos departamentos aunque no jerárquica. En segundo lugar, la Intervención entregó ya en 2005 un informe de fiscalización sobre la agencia Idea (que pagaba las pólizas a los trabajadores afectados por los ERE y las ayudas a empresas por orden de la Consejería de Empleo) en el que se ponían de manifiesto 23 irregularidades en este sistema.
¿No leyó Griñán el informe?
Manuel Gómez asegura que ese informe se envió a los titulares de tres consejerías: Economía y Hacienda, Empleo e Innovación (de la que dependía Idea, en ese momento llamado Ifa). ¿No leyó Griñán el informe? Su viceconsejera en ese momento, y hoy consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, dice que lo recibió ella y no se lo entregó a Griñán. En la práctica, ningún consejero hizo nada, tampoco debatir las irregularidades en el consejo de Gobierno al estar concernidas por ellas tres consejerías. Gómez cree que, aunque la ley no impone tomar medidas automáticamente ante los informes de la Intervención, de ahí a archivarlos sin hacer nada hay una graduación de posibles medidas que se obvió.
Porque, aparte de esa auditoría al antiguo IFA, la Intervención realizó ante la gravedad de las irregularidades un informe especial no previsto legalmente que volvió a enviarse a Empleo y Hacienda. Con este relato de sus actuaciones, Gómez desmonta el argumento esgrimido por Griñán en la comisión en el sentido de que no actuó porque quien debía advertir, no lo hizo o no se esforzó por advertir de esas irregularidades. Gómez se preguntó en la comisión que si ante un incendio en una vivienda, es necesario que quien lo advierte avise al propietario por correo electrónico para que éste llame a los bomberos.
Además, el interventor en su escrito es contundente ante la insistencia de Griñán en la comisión -y de su antecesor, Manuel Chaves- en asegurar que el procedimiento de concesión de las ayudas era legal y que la Intervención sólo mostró discrepancias sobre él. Gómez replica: "El procedimiento no es que fuera ilegal, era inexistente. Violentó los más elementales principios de objetividad, publicidad, transparencia y rigor financiero.
Entidades
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