El Ministerio Fiscal ha reclamado en la primera jornada del juicio por la 'marea negra' provocada por el hundimiento del petrolero 'Prestige' en 2002 indemnizaciones por los daños causados que suman más de 4.000 millones de euros, elevando así notablemente su petición inicial.
El fiscal especial de Medio Ambiente de Galicia, Álvaro García Ortiz, ha justificado esta petición en un informe elaborado por expertos de la Universidad de Santiago de Compostela bajo la dirección de María Loureiro, que fija el alcance de los daños en 3.862,42 millones sólo para España, a los que habría que sumar las compensaciones para Francia.
En total, dicho informe, que la Fiscalía considera "uno de los más completos estudios mundiales de evaluación del daño ambiental", cuantifica la catástrofe causada por el vertido de 64.000 toneladas de fueloil pesado en 4.121,64 millones, frente a los 2.233,76 reclamados inicialmente.
Los expertos consideran que esa es la cuantía económica adecuada para compensar los notables daños causados, especialmente en sectores como el pesquero en uno de los principales caladeros del Atlántico, que quedó afectado durante años y registró un notable descenso de las capturas.
Piden 12 años para el capitán
La defensa de Apostolos Manguras, capitán del petrolero "Prestige", principal acusado por el vertido de más de 67.000 toneladas de fueloil pesado frente a las costas gallegas, ha reclamado hoy, en la apertura del juicio por esta catástrofe medioambiental, la "nulidad" de la causa al entender que "no se garantizaron derechos fundamentales" de su patrocinado.
El letrado José María Ruiz Soroa, que representa en la causa a Manguras, ha advertido ante el tribunal de numerosas irregularidades en el proceso, que comenzaron con la entrada a bordo del Prestige de personal de las administraciones españolas sin la autorización judicial pertinente.
Ruiz Soroa ha sostenido que se obtuvieron pruebas con la "violación de derechos fundamentales" y que, por lo tanto, son "ilícitas" e "irregulares".
También ha recordado que desde el 13 al 19 de noviembre de 2002, cuando el barco navegó con rumbo errático frente a las costas gallegas, se tomaron una serie de medidas que en ningún caso estaban respaldadas por la autoridad judicial.
El abogado ha recalcado que en ningún momento el buque estuvo abandonado, ya que en todo momento se encontraron a bordo su capitán o miembros de la empresa rescatadora contratada por el armador.
También ha denunciado que se retiraron documentos del barco cuando el capitán ya había sido detenido y que "no hubo garantías en la cadena de custodia" de los mismos.
Ha añadido que a partir del 14 de noviembre de 2002 las autoridades españolas asumieron el control del barco y tomaron decisiones "equivocadas".
Además del capitán del barco, de 76 años, para el que se piden 12 años de prisión por atentado contra el medio ambiente, daños y desobediencia, están acusados por los mismos delitos otros dos miembros de la tripulación, Ireneo Maloto, primer oficial, de nacionalidad filipina y que actualmente se encuentra en paradero desconocido, y Nikolaos Argyropoulos, jefe de máquinas.
Si en algún momento Maloto fuese localizado, sería juzgado de manera independiente al resto de los imputados.
En el banquillo de los acusados también se sienta José Luis López-Sors, exdirector general de la Marina Mercante cuando Francisco Álvarez-Cascos dirigía el Ministerio de Fomento, que está acusado de imprudencia grave por el rumbo errático que siguió la nave durante seis días y que extendió el vertido de fuel desde Galicia hasta las costas francesas.
El 'macrojuicio' por el vertido del 'Prestige' ha arrancado esta mañana en A Coruña y se celebra en Expocoruña, un recinto multiusos que ha sido necesario habilitar dadas las dimensiones del proceso, el mayor de la historia judicial de Galicia, con 2.128 partes personadas, 133 testigos, 98 peritos, 51 abogados y 21 procuradores.