Por si el barco del Gobierno no tuviera ya grietas suficientes, ahora se le abre un nuevo frente interno por el flanco del Ministerio de Asuntos Exteriores, que está manteniendo una actitud de bloqueo al proyecto de Ley de Acción Exterior para intentar mantener su competencia exclusiva en el nombramiento de los embajadores.
El proyecto de ley debería haber sido remitido al Parlamento antes de finalizar el pasado mes de julio. Ese había sido el plazo anunciado por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, cuyo departamento coordina los trabajos de la Comisión Interministerial que elabora el articulado de la nueva normativa.
Pero ha sido, precisamente, una propuesta avalada por Moncloa la que ha levantado las iras de Exteriores y la paralización de la Ley. Se trata de una iniciativa de varios ministerios para que el nombramiento de los embajadores de España pase a ser competencia directa de la vicepresidencia del Gobierno y, también, para que el cargo de embajador deje de ser propiedad exclusiva de los diplomáticos y puedan acceder a dicha responsabilidad distintos funcionarios del llamado "Grupo A", como abogados del Estado, inspectores de Hacienda o administradores civiles del Estado, entre otros.
Aunque la propuesta lleva sobre la mesa desde julio y es en esa fecha cuando se iniciaron las discrepancias de Exteriores, ha sido en la última y reciente reunión de la Comisión Interministerial en la que se ha hecho explícito el enfrentamiento. Porque, en el caso de los nombramientos, la propuesta avalada por Moncloa supondría una importante merma del poder y del control que el Ministerio que dirige José Manuel García Margallo tiene actualmente sobre las representaciones diplomáticas de España en el exterior, y que quiere conservar a toda costa.
Trillo y el caso Repsol
Mientras, en relación al acceso de otros altos funcionarios a la dirección de las embajadas, lo que se trata es de dar carta de normalidad a algo que hasta hoy ha tenido un carácter muy excepcional. El caso del anterior presidente del Congreso, Federico Trillo, hoy embajador de España en el Reino Unido, es una de esas raras excepciones.
De prosperar esta propuesta supondría poner fin a una de las más antiguas reivindicaciones de estos "otros altos funcionarios del Estado", la reforma del servicio exterior del Estado, que se remonta a los Gobiernos socialistas presididos por Felipe González y que no ha sido resuelta, hasta la fecha, por ninguno de los Ejecutivos posteriores.
La Ley de Acción Exterior tiene como objetivo coordinar la política exterior de España en todos los niveles y áreas de actuación para dar coherencia y unidad a la proyección internacional de nuestro país, además de potenciar y modernizar el servicio diplomático, y reforzar el papel de España en la Unión Europea y en los organismos internacionales.
Considerada como una de las prioridades del Gobierno "para mejorar la imagen, la posición y la defensa de los intereses españoles en el exterior", en palabras de Sáenz de Santamaría, en la Comisión interministerial encargada del proyecto de ley están representados los ministerios de Exteriores, Defensa, Hacienda, Economía, Cultura, Justicia y Sanidad.
Evitar la falta de coordinación, de respuesta y de eficacia demostrada por el Ejecutivo español en casos como la expropiación de YPF a Repsol en Argentina, las secuelas de este latrocinio en la Bolivia de Evo Morales, o los recientes incidentes en Gibraltar es uno de los problemas que pretende subsanar esta Ley de Acción Exterior para posibles conflictos posteriores.
Para ello, desde los ministerios que respaldan la iniciativa de acabar con el monopolio del Departamento de García Margallo en la política internacional se esgrime como argumento la necesidad en los tiempos actuales, de una "mayor planificación de la acción exterior y de mayor coordinación interministerial". El servicio exterior "se ha universalizado y ya no es competencia del Ministerio de Asuntos Exteriores, sino que interesa e involucra a todo el Gobierno y a sus departamentos ministeriales. Es preciso una acción concertada", aseguran.
Mejorar las campañas de promoción de la Marca España es otra de las prioridades de la Ley de Acción Exterior, que en medios próximos a La Moncloa explican como un "marco jurídico que debe contar con el máximo impulso político para consolidar un servicio exterior más eficaz, integrador (que aglutine a todos los actores de la acción exterior del Estado), que esté al servicio del Estado y de los ciudadanos, y que permita rentabilizar el alto potencial económico y cultural de España en el mundo".
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