Otoño caliente para Cristina Cifuentes. Salvo las voces de la Fiscalía y la última de Ignacio González, flamante presidente de la Comunidad de Madrid, la delegada del Gobierno cosecha críticas por sus polémicas declaraciones de ayer alusivas al derecho de reunión. Primero la red, luego la policía, y este miércoles la del PSOE y la del magistrado Gómez Benitez. Cifuentes es tachada de dictadora mientras miles de personas piden su dimisión.
El 25-S de 2012 será una fecha inolvidable en la memoria de la delegada de Gobierno más mediática de la geografía hispana. Tras las cargas policiales frente a los manifestantes del movimiento 'Rodea el Congreso', Cifuentes no ha dejado de recibir argumentos contrarios a su gestión policial de aquellos días, respaldada solo por el ministro del Interior, el Gobierno y el Partido Popular.
En el fragor de esta polémica en la que se ha llegado a acuñar el fantasma de 'golpe de Estado', Cifuentes abogó ayer por "modular" la ley de reunión y manifestación, "no para recortar derechos, pero sí para racionalizar el uso del espacio público". Hoy ha matizado que en ningún momento su "intención es la restricción de derechos".
Respuesta inmediata de la Policía
Con observaciones o no, las palabras de Cifuentes han tenido respuesta inmediata. La más significativa la de la Policía. El Sindicato Unificado y el CEP no han tardado en reaccionar replicando que "no es necesario modular el derecho de manifestación". En esta defensa también se alinea el PSOE, quien pide las rectificaciones de la representante institucional de Madrid.
Entre tanto, las firmas que piden el cese de la delegada desde la red aumentan paulatinamente. Este miércoles los dígitos se elevaban a 52.169. Y para profundizar más en la herida figurada de la delegada del Gobierno de Madrid, el vocal del Consejo del Poder Judicial, Gómez Benitez -señalado por el derrocamiento de Carlos Dívar al frente de la institución- se ha atrevido a comparar las propuestas de Cristina Cifuentes con los de una dictadura.
Apoyos a Cifuentes
En este escenario de quejas, protestas y llamamientos de dimisión, Cifuentes apenas ha recibido el aliento del fiscal general del Estado y del presidente de la Comunidad de Madrid, Eduardo Torres-Dulce, e Ignacio Camacho, respectivamente. Torres-Dulce entiende que el derecho de manifestación está protegido en la Constitución pero también precisa que ello no significa "otorgar carta de naturaleza" a la explotación de un legítimo malestar social. Y González, más en la línea de Cifuentes, ve "razonable" modular la ley para el derecho de reunión porque se está "colapsando" la ciudad todos los días.
Entidades
La actuación de la policía fue "proporcional"