El show político representado entre agosto y la pasada semana en la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz para investigar el caso de los ERE fraudulentos ha acabado con algunas conclusiones claras, y muchas incógnitas debido a la negativa a declarar de implicados clave. 'Caso ERE': desfile insustancial de exconsejeros y altos cargos
La principal duda, hasta qué punto era José Antonio Griñán, consejero de Hacienda de 2004 a 2009 y desde entonces presidente de la Junta, conocedor de las irregularidades que permitieron que nada menos que 241 personas -196 con seguridad, el resto aún en trámite de comprobación- hayan cobrado indebidamente 17 millones de euros; y que 106 millones se concedieran discrecionalmente a empresas y ayuntamientos ligados al PSOE, de los que 83 se han pagado, sigue sin resolverse.
Tanto Griñán como su antecesor, Manuel Chaves (a los que el PSOE no planteó preguntas), defendieron la legalidad del procedimiento de concesión de las ayudas -aunque Chaves reconoció su discrecionalidad- y que nunca se constató por la Intervención General de la Junta menoscabo de fondos públicos. Aseguraron que ni supieron, oyeron o fueron advertidos -aunque fuera extraoficialmente- de que esa misma intervención puso ya en 2005 tras auditar las cuentas de la Junta de 2003, graves reparos sobre cómo se repartía el dinero para ERE. De 2001 a 2010 se emplearon 647 millones, que se elevan a 1.217 incluyendo los costes de refinanciación de la deuda asociada a ellos y los intereses de demora.
Será la juez Mercedes Alaya quien determine la responsabilidad penal de esos hechos, pergeñados inicialmente en la dirección general de Trabajo y que han llevado ya a la cárcel a quien ocupó la dirección hasta 2008, Francisco Javier Guerrero, y al consejero de Empleo de 2004 a 2009, Antonio Fernández -en libertad bajo fianza hoy-. Y, también, si hay indicios para que los dos últimos presidentes de la Junta, así como otros consejeros, sean imputados, en cuyo caso el sumario pasaría al Tribunal Supremo.
El testimonio clave, junto al de Griñán y Chaves, fue el de Manuel Gómez, exinterventor general de la Junta el, 28 de agosto. Tanto es así, que obligó al presidente y su antecesor a retrasar su comparecencia hasta el 25 de septiembre -oficialmente para cerrar la segunda ronda de comparecientes- para estudiar bien lo desvelado por Gómez y poder responder. ¿Dónde está la clave de lo que explicó este funcionario a los diputados?
Legal pero irregular
El exinterventor, que dependía jerárquicamente de la consejería de Hacienda, dejó clara, en primer lugar, la legalidad del marco general en el que se aprobaron los ERE y las ayudas sociolaborales a empresas y trabajadores. Ese marco fue el convenio firmado en 2001 entre la consejería de Empleo y el antiguo IFA (hoy agencia Idea, dependiente de Empleo entonces y luego de otras consejerías, hoy de Economía) por el que la primera creaba los expedientes de los ERE -e incluía a los intrusos- y el segundo se limitaba a pagar las prejubilaciones o ayudas.
Pero, en paralelo, Gómez relató que lo que ocurrió es que en las transferencias de financiación al IFA para pagar los ERE y las ayudas, analizadas en una auditoría de 2003 a esta consejería, se detectaron 15 errores, incumplimientos y deficiencias que, en todos los casos, son atribuibles a Empleo, precisó. Entre ellos, la concesión de subvenciones por la dirección general de Trabajo prescindiendo del procedimiento establecido o la generación de obligaciones de pago sin cobertura presupuestaria. Eso fue lo que provocó el aumento del gasto total de 647 a 1.217 millones
Según Gómez, todos estos informes fueron remitidos al IFA y la auditoría de 2003 se remitió también de forma excepcional, por las anomalías detectadas, a Empleo. "Este documento no fue, pues, una nota de observación, ni un comentario de salón, fue un informe anexo" y fue señal, a su juicio, de la "importancia" que la Intervención dio a este "hecho excepcional", aún sin constatar en él "menoscabo o fraude de fondos públicos". "Otra cosa es si el destinatario le dio la misma importancia", concluyó.
Y añadió que el informe definitivo y completo, aunque no vinculante, fue elevado en 2005 a sus destinatarios legales: IFA y consejerías de Innovación, Hacienda (que ya dirigía Griñán) y Empleo. "Quienes tenían que haber tomado las decisiones no las tomaron. Ahora no pueden quejarse de que no fueron advertidos". ¿Estaba entre ellos Griñán? Él dice, y su viceconsejera entonces -hoy consejera de Hacienda- lo respalda, que nunca lo leyó.
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Griñán: el PP utiliza el 'caso de los ERE'