"Alguien manipuló la hoguera por desconocimiento" antes del peritaje de la misma. Éste es el primer error del 'caso de los niños de Córdoba', según denuncia su Sindicato Superior, propio de "un cuerpo sin organización interna, descabezada y sin dirección". Un hecho del que responsabilizan a partes iguales tanto al Partido Socialista como al Popular.
Otro eslabón de la "cadena de errores imperdonables" que cita el SUP en la edición de septiembre de 'Carnet por Puntos' es que en el momento del halladgo de la hoguera el jefe accidental de Córdoba, Pedro Barea, no tomó ninguna decisión y estuvo dudando si dirigía el asunto Córdoba, Sevilla o Madrid.
Además de la duda sobre la custodia de los supuestos restos óseos de Ruth y José, el SUP echa tierra encima del peritaje de la Policía Científica a manos de Josefina Lamas. "El informe pericial de antropología forense es una comparación morfológica, la opinión de un experto viendo los huesos sin más pruebas que su vista y su conocimiento. No hay análisis ni pruebas rigurosas y científicas". Éste, denuncian "debería ser un paso previo a
la realización de las pruebas de laboratorio posteriores".
Responsabilidades
De su acusación no excluyen a nadie. Responsabilizan de la "tortura de diez meses" vivida por Ruth Ortiz desde "el primer informe hasta el juez, máximo responsable de la investigación, pasando por el fiscal, los mandos de
Policía Científica, superiores jerárquicos de la antropóloga, y los mandos de la investigación de Policía
Judicial (UDEV)".
Las últimas revelaciones sobre el caso apuntan a que José Bretón pudo haber borrado archivos "cruciales" de su teléfono móvil, según fuente de la investigación consultadas por ABC.
La empresa que está investigando la posible recuperación del contenido, a petición de la acusación particular, trabaja en esta línea ya que existe una alta probabilidad de que la memoria del aparato guarde claves del suceso.
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La Policía admite un error garrafal"