La formación dirigida por Rosa Díez duda sobre la constitucionalidad de una medida que "ha limitado sin razón alguna la pluralidad de opciones que los electores podían elegir".
Unión, Progreso y Democracia, UPyD, ha registrado en el Congreso de los Diputados este martes una PNL en la que insta al Gobierno a que elimine la obligación instaurada en 2011 de presentar un porcentaje determinado de firmas como aval para formalizar una candidatura electoral.
Según la formación, ese cambio "obstaculizó la posibilidad de presentarse a las elecciones a pequeños y nuevos partidos, federaciones o coaliciones que no habían obtenido representación en 2008". De hecho, de las 97 candidaturas presentadas en 2008, se pasó a 67 en las pasadas generales.
Los derechos políticos de un español
Para UPyD, "la nueva situación ha limitado sin razón alguna la pluralidad de opciones que los electores podían escoger", algo que choca con el artículo 68.5 de la Constitución: "Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos". No es el único artículo de la carta Magna con el que, a juicio de la formación, podría entrar en conflicto la limitación.
En este sentido, recuerda que el 9.2 sostiene que "corresponde a los poderes público promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social".
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