La Asociación Catalana de Directores de Centros de Atención a la Dependencia Gerontológica (Ascad) ha denunciado ante la Fiscalía Provincial de Barcelona los impagos del mes de julio a entidades sociales anunciados por el Govern de la Generalitat por falta de liquidez. Denuncian que se les privará de "alimentación e higiene"
En la denuncia presentada ante el Ministerio Público, Ascad alerta de que el incumplimiento de los pagos implica la "desatención" de los ancianos y discapacitados ingresados en residencias concertadas y colaboradoras de Cataluña, debido a que no podrán hacer frente a sus gastos corrientes ni a las nóminas de los empleados.
Además, subraya que la Ley de dependencia es un derecho reconocido en la Constitución y que "será violado" con los impagos anunciados por la Conselleria de Economía de la Generalitat.
El texto recuerda que las personas que ocupan las plazas concertadas que no se abonarán este mes han sido reconocidos por la administración como dependientes que requieren atención profesional, algunos de ellos las 24 horas del día, y con los impagos "se les va a privar no solo de la atención que ya ha sido considerada precisa, sino incluso de su alimentación e higiene".
Desconocen su utilización
Según Ascad, la Ley de dependencia establece que la aportación económica de cada ayuda unipersonal es sufragada entre un 35% y un 50% por el Gobierno y "se desconoce si esta aportación ha llegado a Cataluña y cuál ha sido su utilización".
Lamentan que la comunicación de los impagos se ha efectuado exclusivamente a las patronales del sector, generando una situación de "indefensión absoluta" entre los usuarios y sus familias, que no han sido alertados.
Recurren a la Fiscalía
Directores de geriátricos catalanes han presentado hoy en la Fiscalía un escrito "preventivo" por "posible desatención y riesgo vital" de los ancianos de los asilos y piden al fiscal que actúe "en defensa de los residentes desamparados".
En su escrito a la Fiscalía, los directores de los geriátricos consideran que "es una situación de verdadera alarma social", y advierten que el impago de la Generalitat de los conciertos de las plazas asistenciales de ancianos, discapacitados y drogodependientes imposibilita garantizar los derechos establecidos en la ley de Servicios Sociales de Cataluña y del decreto 284/1996 que regula el sistema catalán de asistencia social.
Cataluña no pagará