La Ley de Transparencia, aprobada este viernes, viene a "cambiar la cultura en la Administración pública", según aseguró la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. En los últimos años, las cuentas falseadas, el conflicto de intereses y la mala gestión tanto en ministerios como en comunidades autónomas han formado parte del 'menú del día' de la política española, escandalizando a los ciudadanos.
A partir de ahora, y por ley, "los miembros del Gobierno, los secretarios de Estado y el resto de los altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal", "actuarán con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia y con el objetivo de satisfacer el interés general".
Entre la población, los políticos no son personajes relacionados con el prestigio social y la excelencia; más bien, al contrario: dos de cada tres españoles piensan que las instituciones funcionan mal, según una encuesta de Metroscopia.
La falta de fondos en las comunidades autónomas y en las arcas del Estado suponen la otra cara del espejo que refleja escenarios de obras públicas opulentas y servicios a la última que ahora se exhiben sin fin alguno, más que el de recordar a los ciudadanos el paradero de unos presupuestos gestionados no en nombre del interés general.
Penas de cárcel e inhabilitación
El nuevo texto legal aprobado se dispone a dar respuesta al malestar ciudadano, penando con años de cárcel a altos cargos y gestores que hayan falseado cuentas u ocultado datos en perjuicio de las Administraciones, e inhabilitando a los que hayan hecho abuso de su posición y tambaleado los presupuestos gastando por encima del crédito -en consonancia con la Ley de Estabilidad Presupuestaria-.
Con esta ley aprobada, los políticos-gestores tendrán que poner un especial interés en las cuentas que hacen sus departamentos para no terminar entre rejas. Muchos de ellos incumplieron los preceptos que ahora serán especialmente vigilados:
-José Blanco
Como ministro de Fomento, Blanco firmó algunas actuaciones que hoy serían penadas por la Ley de Transparencia. Por ejemplo, la compra de cuatro trenes, cuyo montante se eleva a 18,5 millones de euros, y que no pueden circular por nuestra red ferroviaria. La ilegalidad de esta adquisición ha sido puesta en relieve por la Abogacía del Estado.
El encargo de José Blanco de un retrato del exministro Francisco Álvarez Cascos al reconocido pintor Antonio López, por el que el Estado ha tenido que desembolsar 190.000 euros, también reñiría con los principios de "eficacia, economía y eficiencia y con el objetivo de satisfacer el interés general" dispuestos en la Ley de Transparencia para los altos cargos.
-Francisco Camps
El expresidente de la Generalitat Valenciana es el máximo exponente del despilfarro nacional a nivel regional. Valencia, una comunidad que ya ha pedido ser rescatada, acumula en su espalda años de imágenes prósperas que hoy cuestionan los ciudadanos. En la capital, obras como la Ciudad de las Artes y las Ciencias, además de un gran agujero presupuestario -el arquitecto Calatrava cobró 94 millones de euros por la construcción-, también han dejado un edificio inconcluso, L'Agora, y que no parece que será finalizado a medio plazo. A esto se suman otras, como el nuevo Hospital de la Fe o la construcción del estadio de fútbol Nuevo Mestalla. En el Puerto de Valencia, las pistas donde se corren carreras de Fórmula 1 algunos días al año tienen un coste de 20 millones de euros para la comunidad.
En Alicante, el parque temático Terra Mítica y los estudios de cine Ciudad de la Luz, impulsados desde la Generalitat profundizan el desequilibrio en las cuentas. Solo los estudios suponen una deuda de 190 millones de euros. En Castellón, el ya famoso 'aeropuerto sin aviones' constituye otro de los símbolos de la mala gestión de los gobernantes de la región.
-Rita Barberá
La alcaldesa valenciana, Rita Barberá, podría ser denunciada al amparo de la Ley de Transparencia por los regalos que recibía de algunas empresas relacionadas con contratos públicos del municipio. Los bolsos de firma recibidos por la alcaldesa de parte del gerente de Emarsa fueron justificados por Barberá como "obsequios habituales", aunque la ley establece en sus disposiciones éticas que los gestores "no aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía".
El texto aprobado en Consejo de Ministros puntualiza que, "en el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio del Estado". Los bolsos de Loewe que le fueron entregados a modo de regalo a Rita Barberá tienen un coste medio de 900 euros cada uno. La denuncia fue archivada finalmente por la Fiscalía de Valencia.
Entidades
Rita Barberá
Exalcaldesa de Valencia
José Blanco
Exministro de Fomento
Los millones de Calatrava