El 'caso Bankia' supuso la precipitada defenestración de Rodrigo Rato y un aluvión de severísimas críticas populares a Luis de Guindos por haber matado al padre. Este estallido económico, además, creó un tácito y espontáneo consenso entre PP y PSOE para mitigar el ruido, para poner paños calientes sobre la herida e impedir la formación de una comisión parlamentaria de investigación que aclarase lo sucedido y la generalizada manipulación política de las cajas, corrupción incluida, hasta el estallido de la crisis financiera.
El Gobierno de Mariano Rajoy secundó encantado esta estrategia, que le ahorraba un factor de desgaste, y en el PSOE surgieron voces que afeaban a la dirección del partido esta connivencia dolosa con la falta de transparencia. Pero no hubo comisión de investigación.
Ante esta reacción "prudente" -el adjetivo es evidentemente un eufemismo-, la Fiscalía Anticorrupción hizo algunos tímidos movimientos. Hace menos de un mes se puso a investigar presuntos delitos societarios en la gestión de la fusión y salida a bolsa de Bankia. Eduardo Torres-Dulce, siempre sutil con los intereses del establishment, reconocía el miércoles que ordenó mantener en secreto las diligencias de la investigación mientras fuera posible "para no incendiar el parqué". Y -habría que añadir- para no incomodar a los grandes partidos, si éstos lograban que el asunto se diluyese en el fragor de la crisis.
Sin embargo, la sociedad no se quedó de brazos cruzados: la presentación de diversas acciones penales por particulares y su admisión a trámite por un juzgado de instrucción, el 21 de Madrid, obligó a judicializar tales investigaciones, pero la fiscalía no llegó a presentar querella alguna. Así, el 11 de junio, UPyD presentaba finalmente una querella en toda regla contra los miembros del Consejo de Administración del Grupo Bankia por cinco delitos: estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas, que fue admitida a trámite este miércoles por el juez Fernando Andréu, de la Audiencia Nacional.
Ante este éxito del pequeño partido bisagra, el PSOE ha reaccionado pidiendo -demasiado tarde- una comisión de investigación y el PP y el Gobierno han permanecido perplejos, sin reflejos para recomponer la figura.
Queda poco tiempo para que las dos grandes formaciones comprendan que la realidad se les escapa de las manos; que, si no rectifican, se arriesgan a verse desplazados por otras formaciones en las próximas elecciones -la temida helenización-, a tener que afrontar el ascenso imparable de las minorías actuales y el surgimiento de otros partidos que llenen los huecos existentes en el radicalismo de izquierdas y en el populismo conservador.
UPyD es una formación inteligentemente diseñada, ubicada en un teórico centro equidistante pero dispuesta a cubrir solícitamente todas las carencias que demuestren las grandes organizaciones, adocenadas e incapaces de actualizarse al compás de la propia sociedad. Un experimento de esta naturaleza no hubiera probablemente prosperado en circunstancias de gran normalidad democrática (el CDS, articulado sobre una figura de la envergadura de Adolfo Suárez, nunca llegó a levantar cabeza verdaderamente) pero sí puede hacerlo en momentos en que el sistema establecido se tambalea y salen a la luz abusos pretéritos que la ciudadanía sospechaba sin acabar de creérselos.
Porque ahora se ve que bajo la corrupción ostensible que ha salido a la luz con le estallido de la burbuja, el sistema financiero mostraba signos elocuentes de putrefacción, en la que bebió gran parte de la clase política.
No es difícil de ver la corriente de simpatía que ha inspirado UPyD por esta iniciativa tan oportunista como plausible e irreprochable. De mover bien sus fichas, este movimiento judicial debería granjear a la formación magenta réditos políticos. PP y PSOE deberían sopesar si no estamos entrando en un nuevo ciclo político en el que ellos mismos puedan pasar a desempeñar un papel secundario.
El PSOE se 'sube al carro'
