Sólo los dos incendios de Valencia de esta semana han calcinado más 48.500 hectáreas y han provocado un daño de unos 500 millones de euros en la autonomía. Como todos los veranos, el drama del fuego vuelve a amenazar España: según cifras del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, hasta finales de 2010, en la última década se han producido una media anual de 17.127 incendios forestales, lo que implicaría una superficie media quemada superior a las 113.000 hectáreas anuales. Los políticos tratan de reformar la legislación para apagar las ascuas de este problema.
En la actualidad, la superficie forestal española ocupa más de 27,5 millones de hectáreas, que suponen el 54,6% del territorio, tal y como señala el Inventario Forestal Nacional.
Pero este porcentaje no hace más que menguar, en parte por culpa de los propios españoles. Así, en 2011 hubo 16.000 incendios (mil menos que en 2010) y el 80 % de los casos fueron negligencias e imprudencias, según los datos de la Fiscalía de Medio Ambiente.
Aunque apenas uno de cada dos eran casos dolosos, hay regiones donde la malicia prende la hoguera.
Así, el 88'5% de la superficie quemada en la Comunidad Valenciana en 2012 se debe a dos incendios intencionados, el de Benagéber y el de Llocnou de Sant Jeronio, según el conseller de Gobernación, Serafín Castellano. En Galicia, durante el primer trimestre del año, se registraron 220 incendios en zonas de especial protección o en sus inmediaciones, de los que 167 fueron intencionados, lo que supone el 76 % del total. Esta última autonomía registra más de la mitad de los incendios españoles todos los años, según datos de Greenpeace.
La Memoria de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo de 2011 informa de 96 sentencias condenatorias y de 1.780 procedimientos abiertos.
Incendiarios en el banquillo
El Código Penal de 1995 incorporó, por primera vez en la Historia del Derecho español, un capítulo específico, enmarcado dentro de los delitos contra la seguridad colectiva.
Así, la Justicia castiga los incendios intencionados con peligro para la integridad física con entre 10 y 20 años. Los fuegos en bosques y masas forestales sin peligro humano, en cambio, sólo se castigan con entre uno y cinco años, y también hay penas para intencionados sin propagación, fuegos negligentes sin propagación, incendios en bosques privados e imprudencias graves.
Este 12 de junio, el PP consiguió el respaldo de CiU, UPyD y PNV en el pleno del Congreso de los Diputados para urgir al Gobierno de Mariano Rajoy a agravar estas sanciones. El PSOE, por su parte, se abstuvo, mientras que BNG e Izquierda Plural rechazaron la proposición no de ley, al criticar la falta de inversión y tachar de "humo" la iniciativa.
El texto pide al Ejecutivo que tipifique como agravantes estas situaciones: que el incendio se produzca en zonas de protección de núcleos de población, que los siniestros se provoquen en días de riesgo extremo de incendios forestales, que afecten a zonas forestales con especies de alto valor y que afecten a zonas colindantes con infraestructuras y zonas de tránsito y de recreo de la población en general.
En la misma línea, solicita que se establezca la obligación del autor del incendio de adoptar a su cargo las medidas necesarias encaminadas a restaurar el monte o ecosistema forestal dañado.
Juicios populares y reincidentes
La Fiscalía de Medio Ambiente también quiere eliminar los jurados populares en los casos de incendios deliberados. Antonio Vercher, el fiscal delegado, cree que, con jurados populares en lugares donde hay una cultura histórica o tradición del fuego, "las absoluciones en los casos de incendios dolosos son demasiadas".
Ya a mediados de abril, el ministro del ramo, Miguel Arias Cañete, planteó en la sesión de control del Senado la posibilidad de revisar la Ley de jurados.
En el otro extremo, poco a poco se reduce el tiempo medio transcurrido entre el incendio y los juicios, y además el 78% de las sentencias dictadas entre 1996 y 2006 son condenatorias. Sin embargo, sólo uno de cada mil "de los responsables de incendios forestales en España" acaba en el banquillo de los acusados, según el informe Incendios forestales ¿El fin de la impunidad?, de Greenpeace.
Justamente por ello, Interior también apuesta por perseguir a estos delincuentes: el Gobierno va a "intensificar la dedicación" a la "investigación y persecución" de los autores de incendios intencionados, señalaba el ministro Jorge Fernández Díaz.
Entidades
Miguel Arias Cañete
Exministro de Agricultura, Alimentación y Medioambiente
Valencia: dos incendios de 500 millones