El exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Juan Márquez, que sucedió en el cargo a Francisco Javier Guerrero, en prisión desde el mes de marzo, tiene previsto contestar a las preguntas que le formule la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ya que, según ha dicho, tiene la conciencia "tranquila".
Márquez ha llegado a los juzgados del Prado de San Sebastián de Sevilla sobre las 10,25 horas de este martes acompañado por su abogado, Manuel Pérez Cuajares, aunque no ha sido hasta las 11,35 horas cuando ha comenzado su declaración como imputado ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga una causa en la que hay ya 60 imputados.
Hay que recordar que, en su comparecencia del pasado día 14 de marzo ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se acogió a su derecho a no declarar, aunque este martes sí que tiene previsto contestar a las cuestiones que le formule la magistrada en una comparecencia que se está celebrando en una sala de vistas y no en el despacho de la juez.
La juez Mercedes Alaya imputa a Márquez, que dejó el cargo el 23 de abril de 2010, la autorización para incluir en el ERE de Calderinox al exdelegado de Trabajo y Seguridad Social de la Junta en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés y a Antonio Fernández Garzón, "ninguno de los cuales trabajó" para dicha empresa.
Conducta 'omisiva'
Asimismo, lo imputa por su labor en relación a las empresas Aglomerado Morell y Surcolor, mientras que en un auto reciente le atribuyó haber "admitido, ordenado y consentido" la continuación del uso del convenio-marco que reguló la concesión de las ayudas, "cuando él, tras los primeros meses de su nombramiento, tuvo importantes dudas sobre la legalidad del procedimiento".
De este modo, Márquez "dio continuidad al instrumento que había permitido la adjudicación irregular de las ayudas que él fue constatando, pese a conocer la inclusión de intrusos". "Pese a todo ello, mantuvo una conducta omisiva, pues ni ordenó el reintegro de las cantidades percibidas ilícitamente ni evitó el cobro de tales sumas en las pólizas de rentas colectivas", dice la juez.
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Ayudas bajo sospecha