El Tribunal Constitucional ha acordado la legalización de Sortu, solo dos días después de que la Audiencia Nacional absolvió a 11 miembros de los partidos vascos D3M y Askatasuna. Sin embargo, hay otras marcas electorales abertzales que aún registran problemas. Arnaldo Otegi, sin ir más lejos, sigue en prisión y no podrá presentarse a los comicios autonómicos previstos para 2013.
Por ejemplo, distinta suerte sufrieron los promotores de 'Bateragune', el proyecto que, según la Audiencia Nacional y el Supremo, ETA ideó para que tomara el testigo de Batasuna. Sus principales cabezas visibles, el exportavoz de la formación abertzale Arnaldo Otegi y el exsecretario de LAB Rafael Díez Usabiaga vieron rebajada el pasado mes de mayo de 10 a 6 años y medio de prisión la condena que les impuso la Audiencia Nacional.
El alto tribunal les consideró culpables de la modalidad básica del delito de integración en organización terrorista por tratar de reconstruir la formación ilegalizada "siguiendo instrucciones de ETA". "Eran la cara visible" de la estrategia de la banda aunque sin poder de dirección", aseguraba la resolución.
Juicios pendientes
Además, unos ochenta dirigentes de la izquierda abertzale, entre los que se encuentran Otegi, Rufi Echebarria o Joseba Permach, se enfrentan a penas de hasta 12 años de cárcel en las causas que la Audiencia Nacional mantiene abiertas contra la organización ilegalizada y el entorno de la banda terrorista ETA.
La causa más importante que está pendiente de juicio es la que investiga la subordinación de Batasuna ETA y su financiación a través de las 'herriko tabernas' (sumario 35/02), que debe juzgar la Sección Segunda de la Sala de lo Penal. En este procedimiento Otegi, Echebarria y Permach se enfrentan a 12 años de cárcel por un delito de integración en organización terrorista en grado de dirigentes. Además, la Fiscalía pide diez años de cárcel para otros 20 miembros de la formación ilegalizada y ocho más para otros 17 procesados en esta causa.
La causa con un mayor número de acusados es el 4/08, que sentará en el banquillo a 43 miembros de la reconstituida Mesa Nacional de Batasuna, el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y Acción Nacionalista Vasca (ANV). Los procesados -entre los que se encuentran dirigentes de la izquierda abertzale como Pernando Barrena o Juan José Petrikorena, la alcaldesa de Mondragón (Guipúzcoa), Inocencia Galparsoro; o las ex diputadas Nekane Erauskin y Karmele Berasategui- se enfrentan a diez años de cárcel por un delito de pertenencia o colaboración con banda armada.
Además, los instructores de la Audiencia Nacional investigan a los responsables de las últimas direcciones de EKIN, el brazo político de ETA; SEGI, la organización juvenil; Askatasuna; y Askapena, supuesto aparato internacional de la banda.
Entidades
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