La Justicia española no vive su mejor momento. La última encuesta del CIS recoge las profesiones mejor y peor valoradas, y los españoles estiman que los jueces son los peores funcionarios públicos. Los casos de Dívar y Garzón contribuyen a ello.
Los españoles creen que la justicia española es injusta lenta, coorporativa y muy apegada a la clase política.
El sistema de elección de los magistrados del máximo órgano judicial no anima a despejar las sospechas de amiguismo y politización de una insistitución donde la última palabra la tiene el Parlamento.
Garzón y Dívar
Entre los mayores escándos judiciales de España se encuentra el caso de Baltasar Garzón. En la cima de su carrera, el abogado andaluz se ha visto salpicado por tres denuncias. Una de ellas le apartaba definitivamente. Prevaricación, cohecho, interceptación ilegal de comunicaciones le desplazaban del principal escenario judicial, no exento, eso sí, de la polémica y del apoyo incondicional de sus partidarios.
El caso Dívar es el más reciente. El presidente del Consejo del Poder Judicial ha quedado señalado por uno de sus vocales, Gómez Benítez, que le acusa de utilizar su cargo para aprovecharse de viajes, estancias, cenas y comidas en restaurantes de lujo, en tiempo laboral. Carlos Dívar lo ha desmentido apoyándose en el compromiso de aceptar la Ley de Transparencia cuando ésta sea aprobada, si bien, sin carácter retroactivo.
Las actuaciones de Dívar -hoy pendientes del Supremo-, las de Garzón, las de Estevill, De Urquía, las del juez Rafael Tirado han abierto una espita de corrupción que empaña a toda la clase judicial. Su aproximación a los políticos, la falta de control efectivo de su profesión y una reforma judicial que nunca acaba por llegar explican la negativa calificación que obtiene entre los ciudadanos.
La máxima de que 'la justicia no es igual para todos' también merma el crédito de este oficio. El ciudadano está convencido de que los empleados de la ley defienden con más ahinco al dinero y a quienes ostentan reputación social. Los fallos de las sentencias de algunos banqueros o el tratamiento a Urdangarin, como señaló en su día Isabel Pantoja, no mejoran la confianza en la confesión judicial en definitiva.
Los peor valorados