El Gobierno estudia eliminar las pensiones y las indemnizaciones millonarias a los directivos de las entidades financieras que hayan recibido ayudas públicas. Así lo confirmaron ayer fuentes parlamentarias después de que el Partido Popular recogiera abiertamente el guante lanzado por CiU.
Los nacionalistas catalanes registraron una proposición no de ley que insta al Gobierno a dar un paso más en el límite que, en febrero, estableció a los sueldos de los directivos de entidades que hayan recibido apoyo del Estado (fijado en los 300.000 euros anuales).
CiU pide al Ejecutivo que limite e incluso que anule -si se demuestra una actuación negligente que hubiera provocado la intervención de la Administración- las indemnizaciones a los directivos de los bancos que hayan recibido apoyo financiero público a través del Frob. Y quieren que esta medida tenga carácter retroactivo. El anuncio llega después de que, el martes, el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, criticara la indemnización de casi 14 millones prevista para un exdirectivo de Bancaja.
En el PP ven la propuesta en la dirección correcta e incluso reconocen que los servicios jurídicos de Bankia, además del Ejecutivo, están estudiando cómo hacerlo. Admiten que CiU se les ha adelantado. Sin embargo, aunque partidarios, advierten de que la principal traba radicará en si la medida puede aplicarse con retroactividad y afectar a las indemnizaciones a altos cargos pactadas con anterioridad a la acción pública.
De hecho, el ministro de Economía, Luis de Guindos, pidió ayer directamente al Banco de España que investigue la "inaceptable" indemnización al responsable de la segunda accionista de Bankia.ç
Bankia, un antes y un después
La propuesta de CiU, recogida por el partido en el Gobierno, se produce después del escándalo generado con el blindaje que tiene el director financiero de Bancaja, Aurelio Izquierdo, que asciende a los 13,8 millones de euros. Esta entidad es una de las que conforman Bankia, que va a recibir un total de 23.500 millones de dinero público para sanearse.
La pensión acumulada por Izquierdo debe abonarse por Bancaja, que se convertirá próximamente en fundación, y no por Bankia. El consejo de la valenciana reclamó ayer al directivo que se revisara su contrato. Según explica en una nota, Izquierdo ha mostrado su disposición a modificar, es decir, rebajar su blindaje. En la comunicación no especificó la cuantía que podría reducirse en caso de que abandonara la caja.
Nuevo presidente de Bancaja
El consejo también eligió por unanimidad nuevo presidente al abogado abogado José María Mas Millet una semana después de que fuera convocada una reunión de urgencia para decidir la dimisión de José Luis Olivas y de que el hasta entonces vicepresidente primero, Antonio Tirado, asumiera la presidencia en funciones.
Tanto Olivas como Tirado están siendo investigados por la justicia por sus presuntas responsabilidades en su gestión de Banco Valencia -filial de Bancaja-, que tuvo que ser intervenido a finales del año pasado y requirió una inyección de fondos públicos de 1.000 millones en capital y de hasta 2.000 millones en liquidez. Tirado ya había anunciado que su intención no era permanecer en el cargo y que su nombramiento era puramente de transición.
Millet asume la presidencia con el objetivo prioritario de convertirla en fundación de carácter especial, fruto del cumplimiento de la regulación tras la nacionalización total de BFA-Bankia.
Entidades
El precio de las pensiones de los exdiputados