El diario español El Periódico criticó este jueves la prohibición de difundir encuestas electorales cinco días antes de los comicios, remitiendo en sus páginas al rotativo El Periodic D'Andorra, que publica en el principado pirenaico un sondeo sobre intenciones de voto.
El Periódico, perteneciente al mismo grupo de prensa que el Periodic, afirma en un editorial que la ley española que impide la publicación de los sondeos es "una clara limitación de la libertad de expresión, impropia de una democracia consolidada como la nuestra", y remite a la página web del Periodic d'Andorra (www.elperiodicdandorra.net/elecciones).
El diario catalán publica el jueves en su portada una página prácticamente en blanco con el título "Los sondeos sobre el 9-M que no se pueden ver en España", mencionando la dirección internet del rotativo del principado andorrano donde se pueden consultar los sondeos. "Porque todos -no sólo las élites- tenemos derecho a estar informados", añade como subtítulo.
En su editorial, titulado "El error de prohibir los sondeos electorales", el Periódico afirma que no pretende "desafiar a las autoridades" electorales españolas revelando dónde se pueden consultar los sondeos, pero cree que "esta prohibición aparece hoy como algo desfasado".
Esa prohibición data de los primeros años de la democracia española, en 1975, tras 40 años de dictadura del general Francisco Franco.
El diario catalán entiende que esa prohibición se aplicara en aquel momento para "evitar que la difusión de sondeos ejerciera una influencia indeseable en un electorado poco acostumbrado a acudir a las urnas".
Pero, pasados 30 años desde las primeras elecciones democráticas en España, "la actitud paternalista de quienes idearon esta prohibición aparece hoy como algo desfasado".
El diario critica también "que no se publiquen sondeos, pero sí se sigan haciendo y queden para uso exclusivo de partidos, medios de comunicación o empresas, de unas élites que los pagan y pueden acceder a una información que no comparten con el común de los votantes".
Por ello, pide a las autoridades españolas que modifiquen la ley electoral durante la próxima legislatura (2008-2012).
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