La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha insistido este jueves en que la institución debe mantenerse "prudente" y no actuar frente a la investigación abierta a su presidente, Carlos Dívar, hasta que la Fiscalía no se pronuncie sobre la posible ilicitud de los gastos correspondientes a 20 viajes que realizó a Marbella (Málaga).
Ha añadido que a ella no le consta que "en los tres años de mandato se haya producido algún tipo de irregularidad".
Mirando a otros órganos
Bravo ha realizado estas manifestaciones durante un desayuno organizado por la asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR), donde pese a insistir en que ella no tiene conocimiento de que el presidente o los vocales "no hayan actuado con rigor", ha aclarado que no le corresponde este análisis, pues para ello están los órganos fiscalizadores del Consejo.
Pese a las insistentes preguntas de los periodistas presentes en el acto, la portavoz no se ha salido del guión oficial ofrecido hasta ahora por en relación con la denuncia por una presunta malversación de fondos públicos presentada ante la Fiscalía por uno de los vocales, José Manuel Gómez Benítez.
Encuentros informales
Ha subrayado que, aunque "es obvio que se producen encuentros informales", entre los integrantes del Consejo en los que se habla de este asunto, la postura sigue siendo que hay que ser "cautos y prudentes por respeto a la Fiscalía".
A su juicio, si el CGPJ siempre ha pedido respeto para las decisiones judiciales, con el fin de dejar trabajar con el necesario sosiego a los jueces, en este caso también tiene que ser respetuoso con la labor de la Fiscalía, por lo que ella no iba a anticipar cuales serán las consecuencias que la denuncia de Gómez Benítez tendrá con independencia de que el Ministerio Público acuse o acabe archivando la denuncia.
No obstante, reconoció que este asunto "preocupa" al órgano de gobierno de los jueces porque "se está hablando de una institución del Estado". Ha recordado que en el Consejo "hay instrumentos destinados a fiscalizar el gasto", están auditados por el Tribunal de Cuentas y "siempre se ha actuado con rigor en materia presupuestaria".
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